Más de 200 organizaciones socioambientales de 23 provincias convocaron para hoy a una jornada de expresión nacional. Las granjas de producción del animal se ubicarían en Santiago del Estero, Salta, Chaco y Formosa.
Una carta colectiva firmada por muchas organizaciones socioambientalistas, resaltó que “el modelo de extractivismo agroindustrial, vigente desde 1996 en nuestro país, está envenenando a las comunidades rurales, devastando los ecosistemas y exterminando la biodiversidad. Aumentar la industrialización animal, dependiente y promotora del agronegocio, es incompatible con la realidad geofísica de nuestro planeta y acelera la crisis climática y ecológica. La resistencia ciudadana frente a la injusticia del poder, es nuestro derecho. Actuar en defensa de la vida, es nuestro deber”.
Otras agrupaciones como Greenpeace también advirtieron de los impactos negativos que puede acarrear para provincia como Salta el acuerdo entre nuestro país y China. “La instalación de estas granjas de cerdos en las provincias que más deforestaron durante las últimas décadas generará aún más presión sobre los bosques, ya que aumentará significativamente la demanda de maíz y soja para alimentarlos”, advirtió Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace.
Actualmente en Argentina se producen cerca de 600.000 toneladas de carne de cerdo por año, principalmente en las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Según fuentes oficiales, el acuerdo con el país asiático implica la instalación de 25 granjas industriales con el objetivo de exportar 900.000 toneladas de carne porcina en cuatro años. Las granjas estarán ubicadas en Santiago del Estero, Salta, Chaco, Formosa y otras provincias del norte, buscando agregar valor al maíz y la soja que se cosechan allí y así reducir el costo de flete al puerto para su exportación.
Según datos oficiales, entre 1998 y 2018 en dichas provincias se deforestaron 4.438.110 hectáreas. Por su parte, durante el mismo período la superficie sembrada de maíz en esas provincias aumentó en 1.095.070 hectáreas; mientras que la superficie sembrada de soja creció en 1.143.050 hectáreas.
“Más desmontes significan más enfermedades, más cambio climático, más inundaciones, más desalojos de comunidades campesinas e indígenas, y más desaparición de especies en peligro de extinción, como el yaguareté. Los gobiernos no deben seguir siendo cómplices de este crimen. No podemos perder ni una hectárea más. Es fundamental prohibir y penalizar los desmontes”, advirtió Giardini.
El monitoreo de deforestación en el norte del país que realiza Greenpeace mediante la comparación de imágenes satelitales reveló que, a pesar de las restricciones impuestas por la cuarentena por la pandemia de Covid-19, entre el 15 de marzo y el 31 de julio de este año se deforestaron 29.229 hectáreas (Santiago del Estero 12.488, Salta 7.755, Formosa 5.294 y Chaco 3.692).
