La prensa nacional asegura que el presidente «compró con transferencias discrecionales sus victorias en el Congreso» y pone a Salta como ejemplo de haber recibido cifras millonarias, aunque los montos son mínimos en las relaciones entre Estados.
“El Gobierno repartió en concepto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) unos 20 mil millones entre los gobernadores que facilitaron el salvataje de los vetos al financiamiento educativo y al aumento de las jubilaciones. Catamarca, Jujuy, Salta, Misiones y Tucumán, las más favorecidas”, comienza un artículo publicado hoy por el diario Página 12.
La nota hace referencia al dinero que los distintos gobiernos pueden distribuir entre las provincias de manera discrecional y con una lógica de premios y castigos. “Sobre fin de año, hay una cifra récord: más de 20 mil millones de pesos para tan solo cinco provincias aliadas”, dice.
El reporte se realiza a partir de los datos difundidos por la consultora Politikon Chaco, que destaca los casos de “Catamarca y Jujuy, que se llevaron 3000 millones cada una; Misiones, que se alzó con 4000 millones; Tucumán, que recibió 4500 millones, y la frutilla del postre: Salta con un récord de 6000 millones en ATN”. Se trata de provincias comandadas por gobernadores -Gustavo Sáenz (Salta), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Raúl Jalil (Catamarca) y Hugo Passalaqua (Misiones)- que ayudaron a desbaratar distintas iniciativas opositoras en el Congreso Nacional.
Lo curioso del caso es que las cifras mencionadas corresponden a lo recibido por las provincias entre enero y noviembre: Misiones, 13.000 millones de pesos; Entre Ríos, 6800; Tucumán, 6500 millones; Salta, 6000 millones; Chubut, 4500 millones; Jujuy, 4500 millones; Santa Cruz, 3000 millones; Catamarca, 3000 millones; Santa Fe, 1500 millones; Corrientes, 1000 millones. Son diez distritos sobre 24. Dos son gobernados por el PRO, tres por la UCR, y los otros cinco por distintas expresiones del peronismo amigable.
No obstante, se trata de cifras muy menores en relación a las distribuidas en otros momentos. El caso salteño se puede ejemplificar fácilmente. Los 6 mil millones que la prensa presenta como un volumen millonario es ínfimo para el presupuesto de la provincia. Suponen menos de 600 millones mensuales entre enero y noviembre. Casi la mitad de lo que el gobierno salteño se ahorró poniendo un tope al llamado Fondo Estimulo que cobraban los poco más de 400 empleados de la DGR.
Ese Fondo se trataba de un porcentaje de lo recaudado por la provincia. El gobierno salteño redujo ese porcentaje en un 2,5% y puso un tope a lo que perciben los trabajadores. Cuando éstos aseguraron que una resolución administrativa no podía terminar con un fondo y un porcentaje establecido por ley, diputadas oficialistas presentaron un proyecto de ley para legalizar lo dispuesto por el gobierno.
Entre los fundamentos del mismo se indicaba que, a partir de los números remitidos por el Ejecutivo provincial, al mes de septiembre de 2024 el ahorro en sueldos que genera el tope fijado en enero es de 1.167.788.859 pesos mensuales, casi el doble de lo que Milei habría enviado a Salta a cambio de apoyo parlamentario, a pesar de que la cifra que le correspondería ronda los 25 mil millones de pesos anuales, dado que el fondo de los ATN se conforma con el 1% de los montos que se transfieren de modo automático por coparticipación.
