El Directorio del Observatorio de Violencia reiteró el pedido que se sustenta en informes previos y demás documentos que prueban que nuestra provincia es la que más lejos está de lo establecido por la CSJN en el Fallo FAL.
La solicitud enviada al Poder Ejecutivo apela a la derogación del Protocolo N° 1.170/12 Guía de procedimiento para la asistencia de víctimas de violencia sexual y atención de abortos no punibles y sus Resoluciones Ministeriales N° 215/12 y N° 797/12. En ellos se establece ciertas restricciones que en otras provincias no se tienen.
En consideración de los últimos casos de público conocimiento en la provincia acerca de niñas y adolescentes embarazadas que no accedieron a la interrupción legal del embarazo, se pone en evidencia la urgente necesidad de derogación del mencionado Decreto provincial, con el objeto de que el mismo se adecue a los estándares normativos de la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación hacia las mujeres, la Convención Interamericana para Prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, y Ley Nacional N° 26.485.
A principios de mes, la presidenta del OVCM, María Laura Postiglione, señalaba: “Hoy al no tener estipulado un protocolo, salvo el hospital San Bernardo, cada profesional o cada equipo interviniente hace lo que humana y profesionalmente entiende que puede hacer y quizá no es lo adecuado, no es lo óptimo”, al tiempo que ampliaba: “Este decreto es restrictivo porque plantea obligaciones como la denuncia previa y la declaración jurada, lo que hace que las mujeres terminen decidiendo no acercarse al servicio de salud. Estamos hablando de mujeres víctimas de violación”.
