En medio del debate generado por el proceso de Reforma Constitucional en Salta, medios nacionales posaron la vista en la realidad provincial. Lo que ven no necesariamente es lo que discute la clase dirigente salteña.
Tras hacer una breve historia de las reformas constitucionales salteñas y de cómo ellas terminan aumentando el poder de los dirigentes políticos que las propiciaron, el editorial del diario LA NACIÓN (“Salta, a contramano de la historia”) destaca algunos de los problemas que el proceso iniciado no contempla ni pretende contemplar. Para ese medio, uno de los problemas es el sistema electoral provincial que genera distorsiones en la representación perjudicando a los ciudadanos de los departamentos más poblados.
“En 1947, la población urbana de Salta equivalía al 39,6% del total y en 2001 ascendía ya al 83,4%. La ciudad de Salta ha cuadruplicado la población, en contraste con departamentos que apenas la aumentaron. Esto afecta el principio de ‘igual valor del voto’. Por ejemplo, un senador por la capital obtuvo su banca por más de 102.000 votos y otro del interior accedió a un escaño con 358 votos. Hay departamentos donde con poco más de quinientos votos se accede a la Cámara de Diputados provincial, mientras en otros se requieren más de 25.000 sufragios. Está debidamente comprobada, además, la presión que ejercen los oficialismos en esos departamentos de escasa población, que suelen ser los más pobres y, en la mayoría de los casos, pasibles de terminar cooptados por el tan habitual como nefasto clientelismo prebendario”, resalta el escrito para denunciar que la situación provoca mayorías artificiales en la Legislatura.
Otro de los problemas que destaca ese medio nacional es la penetración del narcotráfico en la provincia. “Sus fronteras internaciones con Bolivia, Chile y Paraguay, y con las provincias de Formosa, Chaco, Catamarca, Jujuy, Santiago del Estero y Tucumán, la han convertido en una entrada de diversos tipos de estupefacientes y de salida de la droga hacia otros destinos. De más está decir que ello no puede ocurrir sin la complicidad política, policial y judicial, que en los últimos tiempos ha llevado al encarcelamiento del juez federal Raúl Reynoso, condenado a 13 años de prisión, y al suicidio del exjuez José Antonio Solá Torino luego de ser confirmada por la Corte su condena a seis años de cárcel por cobrar una coima para beneficiar a un narcotraficante”, enfatizaron.
El tercer problema destacado, es el presupuesto oficial de gastos de Salta. Al respecto se recuerda que “es financiado en más de un 70% por los fondos de la coparticipación federal y el primer beneficiado es el banco provincial privatizado, que cuenta con el monopolio de esos depósitos. Como en otras provincias, los recursos se gastan en mejoras en la ciudad en descuido de las obras que imperiosamente requiere el interior, profundizando carencias sociales estructurales, como el acceso a servicios básicos esenciales, entre ellos el agua potable o las obras para disminuir los costos logísticos que afronta la producción salteña”, concluyen.
