Una asamblea del Frente Nacional Campesino reunió el 30 de mayo en Fortín Dragones a representantes de los departamentos San Martín y Rivadavia para exigir soluciones sobre tenencia de tierras y emergencia hídrica.
Productores y referentes rurales del Chaco salteño se congregaron el 30 de mayo en Fortín Dragones en una asamblea convocada por el Frente Nacional Campesino (FNC), donde reclamaron la renovación de la suspensión de desalojos contra pequeños productores, medidas urgentes ante la sequía y mayor presencia del Estado en la región. Del encuentro participaron representantes de distintos parajes de los departamentos San Martín y Rivadavia.
El eje central de la convocatoria fue la falta de tratamiento legislativo del artículo 9 de la Ley Provincial 7.658, que establece la suspensión de desalojos judiciales contra pequeños productores rurales. La norma cuenta con media sanción del Senado desde fines de 2025, pero la Cámara de Diputados aún no la incluyó en su agenda.
Cerca del 70% de los puestos campesinos de la zona sufre ya las consecuencias del déficit hídrico, según estimaciones presentadas durante la reunión. La falta de agua y forraje para los animales, combinada con el aumento en los costos del combustible para bombeo, compromete la actividad ganadera y la subsistencia de numerosas familias.
Los asistentes expusieron casos de posibles desalojos judiciales y extrajudiciales en localidades de Fortín Dragones, Padre Lozano, Pluma de Pato y Rivadavia Banda Norte. Los productores sostienen que muchas de esas familias habitan y trabajan los predios desde hace generaciones, sin regularización dominial.
Desde el FNC también se cuestionó el proyecto de ley de «Inviolabilidad de la Propiedad Privada», actualmente en debate a nivel nacional, según publicó Nuevo Diario. Los referentes de la organización advirtieron que la iniciativa podría facilitar desalojos rápidos contra poseedores históricos de tierras rurales en beneficio de grandes propietarios y corporaciones económicas.
En materia de servicios institucionales, los productores reclamaron la instalación de una oficina del SENASA en Fortín Dragones. Los trámites vinculados al organismo se realizan actualmente en Tartagal, lo que genera traslados y costos que muchos pequeños productores no pueden afrontar.
La implementación de la caravana electrónica obligatoria dispuesta por el SENASA para el control del ganado también fue analizada durante el encuentro. Los participantes valoraron la medida, pero exigieron capacitaciones específicas para los productores de la zona antes de su aplicación efectiva.
La asamblea abordó también la situación de los jóvenes rurales, marcada por la ausencia de acceso a estudios terciarios y universitarios, el desempleo y la escasez de alternativas laborales. Según señalaron los referentes, esas condiciones empujan a los jóvenes a migrar hacia centros urbanos en busca de formación y trabajo.