Ocurrió en la bicameral encargada de investigar las causas de la tragedia. Allí señalaron a los mencionados por ser parte de la cadena de mandos militares que no previó la tragedia ni la evitó a tiempo. La justicia casi no actuó en este año y medio.
Los legisladores de la oposición presentaron el informe final ayer, en el Salón Pasos Perdidos de la Cámara de Diputados y el material podría convertirse en la fuente principal de las causas judiciales que investigan los motivos del naufragio. Los legisladores oficialistas, por su parte, firmaron en disidencia y redujeron las culpas a los militares exonorados.
El submarino Ara San Juan desapareció el 17 de noviembre de 2017 y fue hallado un año más tarde por la empresa Ocean Infinity, a unos 500 kilómetros de Comodoro Rivadavia y a una profundidad de 900 metros. La bicameral se creó por ley y empezó a funcionar el 20 de marzo de 2018, realizó 55 reuniones, con más de 50 expositores, en su mayoría ex militares, funcionarios y especialistas.
En la primera parte del informe, subido a los sitios web de ambas Cámaras del Congreso, los legisladores señalan que el Ministerio de Defensa ignoró las inspecciones navales sobre el mal estado de la flota, que podrían haber hecho repensar a las autoridades la decisión de zarpar. Y considera que como responsable de la cadena de mando, Aguad debió haber actuado para prevenir la tragedia, al igual que el presidente Mauricio Macri.
Las autoridades políticas se corrieron del centro de atención, dejando a la Armada al frente del manejo de la crisis, omitiendo la supervisión y control del manejo de las operaciones frente a aquélla, como también en la comunicación y relación con los familiares y la sociedad argentina», señala uno de los párrafos.
Según la reconstrucción del comité de expertos (inegrado por Pedro Bassi, Marcelo Covelli, Jorge González, Gustavo Krsaser y Alejandro Maegli), el submarino tuvo una explosión primaria, que fue informada a las autoridades del Comando de la Fuerza de Submarinos y aun así no existió una orden para llevar la nave a superficie, se sumergió once horas más tarde e implosionó.
«Los expertos señalan que pudo haber ocurrido una explosión al retirarse la tapa de ingreso al balcón de baterías, donde la excesiva producción de hidrógeno por el principio de incendio, al liberarse, ocasionara una explosión que dejara sin capacidad de respuesta a la tripulación», dice el informe.
«Otra de las posibilidades, es que el principio de incendio no estuviere del todo controlado y el retiro de la tapa hubiere provocado la explosión, que inmediatamente dejara incapacitado al personal de comando de la nave», especularon.
De todos modos, reconocen que luego del principio de incendio el comandante Pedro Fernández estimó que la situación «estaba controlada e informa que no hay heridos, comunica su intención de verificar y reconectar el sistema y continúa en navegación».
Aunque no lo admitan públicamente, en el Gobierno consideran que Fernández cometió una imprudencia clave para la desenlace trágico de la expedición. Pero el trabajo final del Congreso descarta cualquier «responsabilidad al Comandante o a algún otro tripulante, toda vez que no existe ninguna prueba en tal sentido, por lo que se trataría de un ejemplo de la falta de supervisión por parte de la conducción de la fuerza».
Por unanimidad, los legisladores sostuvieron que la falta de mantenimiento de la nave no puede reducirse a este gobierno, pero protegieron a Garré al afirmar que no existen indicios ni evidencias que «reparación del media vida», realizada durante su gestión como ministra de Defensa, «hubiera sido causa de la pérdida del submarino, ni que alguna deficiencia en la misma hubiera podido impedir la resolución de la emergencia».
