Esa es la cifra desde que se implementó, hace poco más de un mes, la web del Ministerio Público Fiscal para realizar denuncias contra uniformados que sobrepasaron sus funciones.
El 11 de agosto pasado se habilitó la página web para realizar denuncias en casos de abusos policiales. La misma se pergeñó como una respuesta a la creciente radicalización por parte de la institución azul salteña, que gracias al Decreto 255 tuvo la potestad de cometer desmanes en los barrios salteños.
En casi un mes y medio de actividad de esta web, se registraron 45 denuncias por personas residentes en Salta, Rosario de la Frontera, General Mosconi, Embarcación, Colonia Santa Rosa, Talapampa, Joaquín V. González, La Unión y otros municipios. Es decir a razón de una denuncia por día. A lo que habría que sumar todos los casos en los que no se realizan denuncias.
Detenciones ilegales, disparos con balas de goma, procedimientos infundados, eran -y son- parte del diario accionar de la Policía de Salta. En este medio, entre los meses de agosto y septiembre de 2020, registramos: el caso de los artistas callejeros perseguidos por manifestarse; los menores golpeados por uniformados que luego les ofrecieron dinero para silenciarlos; los artistas callejeros detenidos “por tener mal puesto el barbijo”; la represión a vecinos del asentamiento colindante a Parque La Vega; las personas que quedaron o casi quedan tuertas por recibir disparos de balas de goma; y otros procedimientos por demás bochornosos.
Algo que a las claras denota el tenor exagerado del accionar policial -sobre todo en las barriadas periféricas y pobres- es el número que arrojó el primer mes y medio de actividad de la web en la que víctimas de violencia institucional y abusos policiales puede realizar denuncias.
Al parecer la cuarentena sólo incitó el ansia represiva en algunos uniformados. Sólo basta con contar el incremento en la cantidad de efectivos sancionados por la justicia tras cometer alguna de esas prácticas más cercanas a un estado fascista que a una situación democrática.
A pesar de ello la Fiscalía de Derechos Humanos no puede investigar a fondo muchos de estos hechos que van más allá de las atribuciones policiales. En julio pasado el procurador general de la provincia, Abel Cornejo, presentó un proyecto de Reforma de la Ley N°7839/14, para que la Fiscalía de DDHH vuelva a denominarse de Causas Policiales y Penitenciarias.
La iniciativa se encuentra en la Cámara de Diputados de la Provincia. De esa forma, estimó la fiscal que “la ciudadanía no caería en confusiones sobre qué tipos de delitos pueden denunciarse en la fiscalía”, señaló la fiscal de DDHH Verónica Simensen de Bielke.
