Es Horacio Aguilar, quien ahora representa a Gustavo Zanchetta. Antecedentes de un hombre fuerte con vínculos polémicos.
El ex obispo de Orán, Gustavo Zanchetta, tiene nuevo abogado. Se trata del ex juez Horacio Aguilar, que de ahora en más representará los intereses del religioso, actualmente en Roma, adonde viajó para realizarse un tratamiento médico que fue cuestionado.
A la información la brindó el periodista Oscar Correa en su cuenta de X, quien agregó que Aguilar reemplazará al enviado del Vaticano, Belda Inesta.
Aguilar es un hombre fuerte de la provincia. Ex juez de la Corte de Justicia de Salta hasta abril de 2022, cuando renunció al cargo para continuar en el sector privado. Dicen quienes saben que al poderoso abogado siempre le resultó más redituable ese ámbito laboral que una banca en el máximo tribunal de justicia salteño.
Aguilar, al igual que su amigo Juan Manuel Urtubey, egresaron del Bachillerato Humanista Moderno y partieron a Buenos Aires a estudiar abogacía. Quienes los conocieron confirman que compartieron departamento a fines de la década del 80 y principios de los 90 y rememoran que los amigos denominaban al “depto” el “marcelote” por estar ubicado en la calle Marcelo T. de Alvear de la CABA.
A los jóvenes no les fue mal. En 1995 Juan Manuel Urtubey comienza a ascender en la administración del Estado salteño bajo el padrinazgo del gobernador Juan Carlos Romero mientras Aguilar escalaba posiciones en el Poder Judicial hasta llegar a desempeñarse como Juez Federal de Juzgado de Jujuy Nº2 entre 2002 y 2004, año en que devino camarista federal de Salta, cargo que desempeñó hasta 2009.
De Blaquier a las francesas
Como juez federal jujeño mereció el reproche de los organismos de DDHH de aquella provincia que acusaron al juzgado de obstaculizar los procesos judiciales a genocidas. De allí que cuando en abril de 2011 el zar azucarero Pedro Blaquier lo contratara para defenderlo en la causa que lo vinculaba a los “Apagones de Ledesma” que produjeron docenas de secuestros y no pocos desaparecidos, los organismos jujeños denunciaran el bochorno fragante: un exjuez que tuvo acceso a expedientes relacionados con el terrorismo de Estado estaba en condiciones de usarlos para defender a un millonario acusado de colaborar en esos crímenes. Es más, cuando el 26 de abril de 2011 la justicia ordenó distintos allanamientos por la causa Ledesma, uno de ellos se realizó en la mansión que el Ingenio posee en el barrio Los Perales de San Salvador de Jujuy. Allí se dieron con expedientes de militantes sindicales que luchaban contra el ingenio Ledesma en los 70 y también con el propio Horacio Aguilar.
Con respecto a los vínculos contractuales entre Aguilar y Urtubey, los mismos comenzaron en abril de 2009 cuando el letrado había dejado la Cámara Federal salteña para “dedicarse al libre ejercicio de la profesión de abogado”. Lo certifica el decreto 1.261/09 que convertía al amigo del gobernador en asesor del gobierno en asuntos relacionados con el “Derecho Federal y demás cuestiones vinculadas a la Justicia, Seguridad y Derechos Humanos”. La cláusula segunda del anexo del contrato establecía que los entonces Secretario General de la Gobernación y Secretario Legal y Técnicos harían de nexo entre Urtubey y el estudio jurídico de Aguilar. Esos funcionarios eran Ernesto Sansón quien luego se convertiría en Juez de Corte y Ramiro Simón Padrós, quien se convirtió Secretario General de la Gobernación de Urtubey y al que todos señalaban como el diagramador de la colonización de la Justicia “U”.
El vínculo entre los amigos se prorrogó hasta 2011 por los decretos 1.443/10 y 1.048/11 respectivamente. Fue entonces cuando Aguilar asumió la defensa de Blaquier y renunció al vínculo contractual con el gobierno. El vacío fue ocupado por su hermano Julián Marcelo Aguilar quien entonces se convirtió en el “Consultor” al rubricar los contratos redactados en iguales términos al celebrado con Horacio, tal como lo corroboran los decretos 1.785/12 y 1.397/13 que extendieron el vínculo al menos hasta 2014.
Hay otra perla en el currículum de Horacio Aguilar: a fines del año 2011 asumió la representación de Michel Bouvier, padre de una de las turistas francesas asesinadas en Salta. El vínculo duró dos años hasta que el francés descubrió la amistad entre su abogado y el entonces gobernador, lo que parecía explicar por qué Aguilar solía defender lo actuado por el gobierno provincial y asegurar que la investigación del horrendo crimen transitaba por buenos caminos aunque finalmente se conociera que fue toda una vergüenza.
Abogado azucarero
Famoso en el ambiente por su capacidad para desmenuzar las leyes y contactar jueces que suelen fallar conforme a los intereses del letrado, Aguilar volvió a ser noticia entre abril y mayo del año 2017 cuando buscó descabezar al Sindicato de Trabajadores del Azúcar del ingenio El Tabacal con un pedido simple y siniestro: como abogado de la multinacional Seaboard Corporation solicitó a la Justicia quitar la tutela sindical a los miembros de la comisión directiva del sindicato para poder despedirlos.
La actuación del Ingenio en ese entonces se enmarcaba en una estrategia común a los ingenios de Salta y Jujuy que desde el 2008 vieron cómo las nuevas conducciones sindicales dieron notable impulso a la acción colectiva. El proceso supuso en las dos provincias una recuperación del salario real y de la discusión colectiva sobre las condiciones de trabajo, designación de delegados en los lugares de trabajo y un notable fortalecimiento de los gremios como espacio de articulación social tanto en Orán y Campo Santo en Salta, como en Ledesma y La Mendieta en Jujuy. La presentación judicial de Horacio Aguilar en aquel año buscaba modificar esa situación que finalmente se logró un año después cuando el Grupo peruano Gloria abandonó de un día para el otro el Ingenio San Isidro de Campo Santo, hecho que sí logro disciplinar a los trabajadores del azúcar.
De Aguilar se supo poco desde entonces y muchos creyeron que concluido el mandato de Urtubey, el apellido dejaría de retumbar en los lustrosos pasillos judiciales. Quienes así pensaban se equivocaron. El gobierno de Gustavo Sáenz lo propuso como Juez de Corte. La conclusión a la que arribaron muchos fue la obvia: el acuerdo entre el ex y el actual gobernador posibilitaba que algo de Urtubey todavía quedara en la provincia. Ello duro hasta que Aguilar finalmente renunció al cargo por razones de “índole particular”, en abril de 2022.
En noviembre de ese año, Aguilar volvió a reaparecer. En esa oportunidad al servicio del ex rector de la UNSa, Víctor Claros, que reclamaba millones de pesos por vacaciones.
