El COPREC será eliminado tras una decisión del Ejecutivo, que argumenta superposición de funciones y baja eficiencia. Sin embargo, especialistas advierten que la medida podría limitar el acceso a herramientas gratuitas para resolver disputas entre consumidores y empresas.
La disolución del Servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo (COPREC) fue oficializada este lunes 3 de febrero mediante el Decreto 55/2025, firmado por el presidente Javier Milei junto a su equipo ministerial. La medida elimina también el registro de conciliadores y el fondo destinado al financiamiento de honorarios y notificaciones. Según el Gobierno, esta decisión busca «desburocratizar y simplificar» los procedimientos administrativos, evitando duplicidades con otros organismos que cumplen funciones similares. Sin embargo, críticas desde diversos sectores cuestionan que la eliminación del COPREC podría dejar a los consumidores sin una herramienta clave para resolver sus reclamos de manera gratuita y accesible.
Especialistas han señalado que el cierre del organismo podría generar un vacío significativo en la protección de los derechos de los consumidores. El abogado Patricio Ferrazzano, experto en derecho del consumidor, criticó duramente la medida, argumentando que implica la pérdida de una herramienta eficaz y gratuita que tenía una alta tasa de resolución de conflictos. “En 2024, el COPREC resolvió el 28% de los reclamos presentados, lo que demuestra que era una instancia útil para muchos ciudadanos”, explicó. Además, Ferrazzano cuestionó el argumento oficial sobre la duplicidad de sistemas: “No todas las jurisdicciones cuentan con servicios de conciliación similares, por lo que eliminar el COPREC deja desprotegidos a quienes no tienen acceso a alternativas locales”.
Otro punto polémico es la eliminación del Registro de Conciliaciones de Consumo, dependiente del Ministerio de Justicia. Ferrazzano advirtió que esta decisión podría generar incertidumbre sobre la calidad y transparencia de los futuros procesos de mediación, ya que los conciliadores ya no estarán matriculados ni supervisados por ninguna entidad oficial. Asimismo, expresó preocupación por los costos que podrían enfrentar los consumidores si deciden optar por la mediación privada: “Siempre se ha considerado que los trámites relacionados con los derechos de los consumidores deben ser gratuitos. Ahora queda la duda de quién asumirá esos gastos si el Estado retira su apoyo”, señaló a la prensa. Estas críticas fueron respaldadas por el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, que rechazó públicamente la iniciativa y anticipó un posible aumento en los reclamos ante la falta de alternativas claras.
Desde el Gobierno aseguran que los derechos de los consumidores no se verán afectados, ya que podrán seguir utilizando plataformas como la «Ventanilla Única Federal», gestionada por la Secretaría de Industria y Comercio. Esta herramienta permite iniciar reclamos desde cualquier punto del país y fue ampliamente utilizada durante la pandemia debido a la posibilidad de realizar audiencias virtuales. Sin embargo, Ferrazzano destacó que el COPREC tenía la ventaja de intervenir directamente en casos complejos, citando a las empresas para resolver disputas de manera ágil. “La Ventanilla Única es útil, pero no reemplaza la función específica que cumplía el COPREC”, afirmó, subrayando que muchas personas podrían quedar excluidas de mecanismos efectivos de resolución.
El decreto también establece que las causas pendientes de resolución serán transferidas a la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía. Aunque el Ejecutivo asegura que esta reorganización permitirá optimizar recursos y centralizar los trámites, los críticos temen que la medida limite el acceso a la justicia para quienes carecen de recursos económicos.
