El dato difundido por una ONG se conoció en medio de la arremetida del gobierno nacional a los beneficiarios de las Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral.
El Gobierno envió al menos 300 mil cartas documento a esos beneficiarios y avanza con el decreto 843/2024 que introdujo cambios en los requisitos para el otorgamiento de pensiones: entre ellos que la persona se encuentre “incapacitada en forma total y permanente”, lo que significa que “la invalidez produzca una disminución del 66% o más de su capacidad laborativa”.
Ello generó una serie de auditorías normadas por la resolución 187/2025 que emplea términos como “idiota” para referirse a los beneficiarios de estas pensiones. Por otro lado, en la última semana, fueron numerosas las quejas por la falta de información y la desorganización en las auditorías: algunas personas tuvieron que esperar hasta diez horas para entregar los comprobantes requeridos.
“De todas maneras, las pensiones no son más que un paliativo para un problema estructural: de acuerdo con un estudio de la ONG Por Igual Más el 86% de las personas con discapacidad están desempleadas, y del 14% restante el 39,3% trabaja en condiciones de informalidad”, destacó el diario PERFIL.
Entre los motivos por los cuales las empresas no contratan a personas con discapacidad están “el desconocimiento (25,8%), continuando con que las empresas aún no están preparadas (19,6%) o que directamente no contemplan la posibilidad de contratar personas con discapacidad (19%)”. Se trata, en definitiva, de población que sí podría trabajar y cuyas condiciones no entrarían dentro de los nuevos requisitos para obtener una pensión, pero que, por cuestiones que escapan a su voluntad, quedan fuera del sistema.
Según el último estudio sobre las personas con discapacidad del Indec (2018) el 23,7% de las personas con discapacidad de 16 a 64 años se encontraba en riesgo de pobreza financiera, en contraste con el 15,3% de la población sin discapacidad. Ante esta situación, no se han implementado soluciones adecuadas.