Milei viajó el 25 de julio a un acto partidario en Brasil, pero la administración se niega a informar si utilizó un vuelo oficial. La negativa incumple la ley de Derecho a la Información Pública al no responder las consultas dentro de los plazos legales.
El presidente argentino se desplazó a Brasil con una comitiva reducida integrada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el canciller Pablo Quirno y el Cónsul General en San Pablo, Luis María Kreckler. El objetivo fue participar en la Convención Nacional del Partido Liberal brasileño en apoyo a la candidatura de Flávio Bolsonaro. Sin embargo, la naturaleza del transporte utilizado permanece sin aclaración oficial.
Un medio nacional inició el 30 de julio una solicitud formal de acceso a información pública para conocer si el vuelo en el que viajó Milei fue oficial. El gobierno nacional no respondió dentro del plazo de quince días hábiles establecido por la ley 27775 de Derecho a la Información Pública. La normativa especifica que el silencio del organismo requerido una vez vencidos los plazos debe considerarse como denegatoria injustificada de la información.
La administración sostiene que el viaje fue de naturaleza privada y no formó parte de la agenda presidencial oficial. El canciller Quirno aseguró en radio Mitre que «el Presidente participó de un acto partidario» y aclaró que «evidentemente, apoya a la familia Bolsonaro en Brasil». No obstante, los documentos que especifiquen si se utilizó un vuelo presidencial para esta actividad de carácter político permanecen bajo reserva, según dio a conocer Ámbito.
En enero de 2024, mediante decreto 17, Milei se autorizó a sí mismo «a ausentarse del país cuando razones de gobierno lo requieran». Esta disposición genera interrogantes sobre si el desplazamiento fue considerado una razón de gobierno o si se enmarcó en la categoría de gestión privada que la administración ahora reclama.
Datos de 2024 indicaban que el 30 por ciento del gasto estatal en vuelos correspondía a desplazamientos para actos partidarios o la recepción de premios personales. Esos traslados incluyeron participaciones en conferencias conservadoras en Estados Unidos y Brasil, un acto del partido español Vox y recepciones de distinciones en España y Alemania. De confirmarse que el vuelo a Brasil fue oficial, se inscribiría en esa categoría de gastos.
En sus primeros meses de gestión, Milei afirmó que no generaba costos al erario público en relación con su actividad privada. Esa declaración contrasta con los registros posteriores que evidencian un uso significativo de recursos estatales en traslados vinculados a actividades políticas y personales del mandatario.
La incertidumbre sobre el vuelo se profundiza en un contexto de crisis diplomática. Brasil «llamó a consultas» a su embajador y redujo formalmente su representación en Argentina tras los insultos públicos que Milei dirigió contra el presidente Lula en el acto partidario. Resta determinar si esos agravios diplomáticos fueron cometidos desde un vuelo financiado por el Estado o si la administración mantiene oculta esa información deliberadamente.