Aunque la Casa Rosada bajó ese capítulo por el masivo rechazo popular que concitó, los ediles de LLA respaldaron el proyecto. Pablo López, Agustina Álvarez y Rodrigo Quinteros fueron algunos de los expositores.
La reforma de la Ley de Tierras impulsada por el gobierno de Javier Milei atravesó la última sesión ordinaria del Concejo Deliberante. Durante la etapa de manifestaciones, los concejales de La Libertad Avanza realizaron una férrea defensa de la iniciativa nacional y desestimaron los cuestionamientos que motivaron que el Ejecutivo eliminara, a último momento, el capítulo referido a la extranjerización de tierras rurales.
El primero en intervenir fue Pablo López, quien buscó responder a uno de los principales argumentos de quienes rechazan la reforma: «Quería tomar la palabra para avisar que el agua no se vende. Por las dudas, si te comprás un terreno al lado del dique Cabra Corral no vas a ser propietario de esa agua. Por las dudas, tenés que agarrar la Constitución Nacional en su artículo 124, donde se habla de que eso es de dominio del Estado. Simplemente para aclarar que el agua no se vende; después la discusión de las tierras la tengamos, pero el agua no», sostuvo.
En la misma línea, Agustina Álvarez Eichele cuestionó que el debate se plantee, según dijo, «desde el miedo» y rechazó las advertencias sobre una eventual pérdida de soberanía. «Se habló de que se iba a vender la Argentina, que se iba a regalar la Patagonia, que íbamos a perder la soberanía», afirmó. Como ejemplo, citó el caso de Molinos, uno de los departamentos con mayor nivel de extranjerización del pais: «¿Por qué no hablamos de lo que pasó en Molinos? Un pueblo que en 1991 tenía 500 habitantes. Por una serie de decisiones nacionales la gente se tuvo que ir. Pero vino un suizo y compró siete hectáreas que se volvieron productivas. Hoy en Molinos viven más de 5.000 personas».
Por su parte, Rodrigo Quinteros defendió el principio de libertad para comercializar propiedades y sostuvo que la nacionalidad del comprador no debería ser un factor determinante. «Si usted tiene una casa, una propiedad o un inmueble y lo quiere vender, no se fija en la nacionalidad de quien lo va a comprar. Se fija en que las condiciones para la venta sean favorables. Tiene que haber una seguridad jurídica», expresó. Además, descartó que la reforma implique ceder el control de bienes estratégicos: «Se habla de los recursos naturales y parece que se van a quedar con el Parque Nacional Los Cardones o con el Glaciar Perito Moreno. Pero los recursos están protegidos por la Constitución».
Las intervenciones se produjeron en un contexto en el que el Gobierno nacional ya había dado marcha atrás con el aspecto más controvertido de la iniciativa. Tras el amplio rechazo de gobernadores, organizaciones rurales, ambientalistas, pueblos originarios y distintos sectores políticos, la Casa Rosada resolvió retirar del proyecto el capítulo que eliminaba las restricciones a la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros. Pese a ese cambio, los concejales libertarios defendieron los argumentos originales del proyecto y atribuyeron las críticas a una campaña basada en el temor y la desinformación.