La situación unió a funcionarios y productores de ambas provincias. Fue en la reunión realizada ayer en la que se vieron las caras autoridades nacionales, representantes provinciales, organismos sanitarios y el sector productivo.
Se trató de un encuentro tenso. Los funcionarios de la Secretaria de Agricultura de la nación argumentaron que la Resolución 114 está respaldada por fundamentos técnicos y científicos y que la misma no implica perjuicio sanitario alguno para los productores de ambas provincias.
Los funcionarios y productores de Salta y Jujuy, por su parte, impugnaron la medida por el riesgo sanitario que supone para las plantaciones, y también por las consecuencias que la desregulación puede tener sobre el histórico problema del contrabando en la frontera norte.
El secretario de Desarrollo Agropecuario de Salta, Diego Dorigato, manifestó a la sección local del diario Página 12 que los funcionarios nacionales consideran suficiente los controles que realizan los organismos sanitarios del país de origen como así también el SENASA al momento de recibir una importación. “Para ellos no hace falta la protección ya que el riesgo es bajo”, declaro el funcionario salteño.
No obstante, Dorigato dijo que la explicación estuvo lejos de convencer a las contrapartes e indicó que tanto Salta como Jujuy insistieron con los argumentos que vienen exponiendo desde el pasado 20 de julio cuando la resolución 114 se publicó en el Boletín Oficial de la Nación. “Desde la provincia y los productores se explicó el riesgo del nuevo hongo (mal de Panamá o fusarium) y del flagelo del contrabando de bananas de Bolivia y Paraguay, y que la medida servía para identificar rápidamente banana ‘extranjera’”, relató.
En consecuencia, solicitaron “articular mejor los controles y que se suspenda la medida por 90 días hasta que podamos coordinar esa articulación”, afirmó.