Lo dispuso el Juzgado en lo Civil de Personas y Familia de Tartagal contra Juan José y Daniel Darío Karlen por incumplimientos de un acuerdo de restauración ambiental firmado en 2018 tras el desmonte de 11 mil hectáreas de bosque nativo.
La resolución fue a pedido del procurador general de la provincia, Pedro García Castiella; y de la fiscal civil, comercial y laboral del Distrito Judicial del Norte–Tartagal, Rosa Vélez Román. La causa original investiga el desmonte ilegal de más de 11 mil hectáreas de bosque nativo en las cercanías de Fortin Dragones, departamento San Martín.
El pedido fiscal se basó en la ampliación de una medida precautoria preexistente a objetivo de garantizar el cumplimiento del Acuerdo Definitivo de Restauración Ambiental homologado en 2018. La resolución judicial elevó el embargo preventivo original (más de $171 millones sobre los catastros Nº 30.746 y 30.747) hasta los $21.805 millones. De esta forma, buscan asegurar fondos suficientes para una eventual ejecución forzada de las tareas de restauración ambiental.
El nuevo monto, representa el valor actualizado del costo total de restauración del ecosistema afectado. Como fundamentos, el Ministerio Público Fiscal sostuvo que los Karlen no cumplieron a pesar del convenio homologado judicialmente. Diversos informes técnicos y relevamientos realizados entre 2019 y 2026 así lo afirmaron. Entre las irregularidades señaladas figuran: actividades agrícolas no autorizadas, almacenamiento de maíz, incumplimientos en la reforestación y ausencia de avances en la recuperación del bosque nativo.
“En su presentación, el procurador general, con asistencia de la Relatoría Ambiental a cargo de Juan Sebastián Lloret, señaló que los Karlen utilizaron recursos judiciales para dilatar, demorando el avance del expediente y la ejecución efectiva de la sentencia ambiental. Advirtió, además, que el paso del tiempo agrava el daño y dificulta la recomposición del bosque nativo, por lo que resulta necesario asegurar fondos suficientes para afrontar una eventual ejecución forzada de las tareas de restauración”, destacaron desde el ministerio público.
“El 20 de septiembre de 2017, los demandados asumieron voluntariamente el compromiso de ejecutar un plan de recomposición ambiental que debía abarcar la totalidad de la finca, extenderse por 30 años e integrar a puesteros y comunidades de la zona”, agregan.