El sindicato vial acusó al gobierno nacional de retener fondos del impuesto a los combustibles destinados al mantenimiento de la red federal. El gremio también rechazó el decreto 253/26, que habilita la transferencia de tramos viales a provincias y operadores privados.
El Sindicato de Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina (STVyARA) denunció un proceso de desfinanciamiento, desguace y deterioro de la red vial federal e impulsó el rechazo al decreto 253/26, mediante el cual el Ejecutivo habilita la concesión de distintos tramos de rutas nacionales.
La dirigente del gremio, Graciela Aleñá, advirtió que el desfinanciamiento afecta desde fines de 2023 «la transitabilidad y el estado de las rutas de la red troncal, incrementando los riesgos de siniestros viales y sus consecuencias mortales para los usuarios». El documento fue aprobado por los secretarios generales de las seccionales de todo el país.
La organización señaló que la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) —creada por el Decreto Ley 505/58— se encuentra desfinanciada por la retención de fondos provenientes del impuesto a los combustibles, recursos que deben destinarse al mantenimiento, planificación y construcción de rutas.
El STVyARA acusó al Ejecutivo de promover deliberadamente el deterioro de la infraestructura para justificar las concesiones. «El Gobierno busca instalar la idea de que los trabajadores no cumplen con sus tareas para avanzar en la transferencia de rutas a las provincias y a operadores privados», indicó el documento gremial.
Aleñá sostuvo que «el personal vial continúa desarrollando sus tareas y manteniendo la infraestructura con recursos limitados. Incluso, en numerosas oportunidades los trabajadores han debido afrontar gastos de su propio bolsillo para garantizar la prestación del servicio».
El documento concluyó con un llamado a los mandatarios provinciales. «Rechazamos la utilización política de nuestra repartición con la complicidad de funcionarios, legisladores nacionales y gobernadores», cerraron los trabajadores, al tiempo que pidieron a los gobernadores que «no sean cómplices de este gobierno ni traicionen al pueblo argentino que los eligió para cuidar nuestros recursos».

