Para optimizar el gasto público, un bloque oficialista proponía eliminar las remuneraciones de los representantes del Estado en esos organismos. Las voces se alzaron y los parlamentarios debieron dar marcha atrás.
El proyecto presentado por el bloque Todos por Salta preveía modificar las leyes 7.863 y 8.024 para que los miembros designados por los Poderes Ejecutivo, Judicial y Legislativo en el Observatorio de Violencia contra las Mujeres y el Comité contra la Tortura cumplan sus funciones sin percibir salario estatal adicional. Además, propusieron derogar las incompatibilidades actuales para que estos miembros puedan mantener sus actividades privadas o académicas remuneradas mientras desempeñan su labor institucional.
La reacción de organizaciones feministas, de derechos humanos y otros sectores fueron casi inmediatas. En todos los casos señalaron que los legisladores impulsaban un desfinanciamiento encubierto y una degradación institucional de dos organismos centrales para el monitoreo estatal de la violencia de género y la violencia institucional.
Tal reacción explica la decisión de los autores del proyecto a modificarlo. Tales modificaciones comenzaran a debatirse hoy a las 9.30 en comisiones de la cámara baja. Según declaraciones del diputado Gastón Galíndez, los cambios apuntan a que cada Poder y organismos financien a sus representantes para evitar que las funciones queden sin remuneración como inicialmente se preveía.
“Por ejemplo, al representante de la Cámara de Diputados lo paga la Cámara”, explicaron desde el oficialismo. Y en el caso de la representación de las organizaciones sociales y de la Universidad Nacional de Salta que también ocupan una dirección dentro del Observatorio, el financiamiento quedaría a cargo del Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Gobierno.