Investigadores identificaron a una mujer y un abogado como presuntos líderes de la organización. En el estudio jurídico del letrado secuestraron dinero, pagarés y expedientes vinculados a la causa.
Personal de la Unidad de Investigación del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) allanó de manera simultánea 19 domicilios en la ciudad de Salta en el marco de una investigación por presuntas estafas procesales mediante el uso fraudulento de títulos ejecutivos. El operativo fue ordenado por el fiscal penal interino de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Pablo Rivero, y autorizado por el Juzgado de Garantías 5 del distrito Centro, a cargo del juez Pablo Zerdán.
La causa se originó en alertas elevadas por los titulares de los Juzgados de Procesos Ejecutivos de primera, segunda y tercera nominación, quienes detectaron irregularidades sistemáticas en expedientes promovidos por una misma parte actora. Entre las anomalías figuraban domicilios denunciados que se repetían sin justificación, incluso con coincidencias entre los de actores y demandados.
El análisis de más de 70 expedientes judiciales permitió establecer un patrón de conducta reiterado e individualizar a los presuntos responsables: una mujer en rol de actora y un abogado con matrícula en Salta como su patrocinante. Las verificaciones en terreno confirmaron que muchos de los domicilios utilizados en los procesos eran inexistentes, estaban deshabitados o pertenecían a terceros sin ningún vínculo con las causas.
Según la investigación, la organización captaba personas en situación de vulnerabilidad económica, les otorgaba préstamos informales en condiciones abusivas y les exigía la firma de pagarés en blanco, que luego completaba con montos y datos falsos o desproporcionados. Con esos documentos se iniciaban demandas ejecutivas consignando domicilios que impedían la notificación real de los demandados, lo que derivaba en embargos sin posibilidad de defensa y en el desapoderamiento de bienes.
El fiscal también solicitó el levantamiento del secreto bancario del abogado y de la firma Famosa Bankia SA —de la que el letrado es único socio y la mujer, administradora suplente—, además de la prohibición de salida del país para ambos investigados, la retención de sus documentos de viaje y la prohibición de contacto con denunciantes y damnificados. Según informó el medio especializado Fiscales Penales, en el estudio jurídico ubicado en avenida Uruguay se secuestró dinero en moneda nacional y extranjera, una computadora, tres teléfonos celulares, documentación, expedientes y pagarés vinculados a la causa.
Para el operativo se desplegaron 55 efectivos y 13 vehículos del Departamento de Investigaciones y Criminología del CIF. Entre los domicilios registrados figuraba un estudio jurídico, por lo que intervino el Colegio de Abogados y Procuradores de Salta y se designó un abogado como veedor para garantizar la legalidad del procedimiento y el resguardo del secreto profesional. Las personas sospechosas fueron convocadas a una audiencia de imputación ante la UDEC.