La fiscal del caso confirmó que el documento presentado tenía una firma «cortada y pegada». Los novios, de Buenos Aires, reunieron a más de 200 invitados en una reserva natural protegida de Cafayate.
La boda celebrada la semana pasada en la reserva natural Quebrada de las Conchas, en Cafayate, derivó en dos frentes judiciales: una causa penal por presunta falsificación de documento público y actuaciones contravencionales por realizar un evento sin habilitación en área protegida. Los novios son Nicole Pocoví, de 31 años, dueña de una marca de anteojos e hija del empresario Marcelo Pocoví, y Federico Maran, de 31, socio de la concesionaria Auto Milano. Ambos son de Buenos Aires.
La fiscal penal de Cafayate, Sandra Rojas, confirmó que la investigación apunta a determinar si el permiso utilizado fue adulterado. «Tenía una firma pegada, como cortada y pegada», señaló, y agregó que el documento carece de parte resolutiva: «En la segunda hoja aparece una firma que claramente está recortada». El delito investigado prevé penas de entre uno y seis años de prisión.
La causa se abrió tras la denuncia del secretario de Ambiente provincial, Alejandro Aldazábal, quien sostuvo que su organismo nunca emitió ese permiso. El caso tomó ribetes nacionales, pues según lo publicado por uno de los principales medios porteños, el documento es un archivo de Google con el nombre de la organizadora Lucía Belén Grajales Soriano, que incluye una fotografía de la firma de Aldazábal pegada digitalmente. Grajales Soriano declaró ante los medios que hubo 110 asistentes, pero invitados consultados estimaron más de 200.
La Fiscalía busca identificar a quien presentó el documento —presuntamente titular de un catastro en la zona— y rastrear su origen. La investigación alcanza también a organizadores e intermediarios. En paralelo, la Unidad Fiscal Contravencional interviene por la infracción administrativa, y ambas líneas avanzan de forma coordinada.
El impacto ambiental sumó otro capítulo al escándalo. El subsecretario de Políticas Ambientales, Normando Zúñiga, indicó que la música a alto volumen, la iluminación y la circulación de personas afectaron a la fauna del área: vizcachas, zorros y aves. «La idea de proteger el área es evitar este tipo de situaciones», afirmó, y aclaró que el evento tampoco contaba con el seguro exigido por la normativa. La multa en aplicación puede alcanzar el equivalente a 200.000 litros de nafta, según la ley provincial N°7.070.
El caso también tuvo repercusión política. El concejal de Cafayate Gastón Cecconi afirmó haber advertido irregularidades desde el inicio y cuestionó la pasividad de las autoridades locales. «Si hay una denuncia de un funcionario provincial y aun así la fiesta siguió, es porque los protagonistas sienten alguna protección», sostuvo. Grajales Soriano, por su parte, defendió el evento y afirmó que se trató de «un evento en una propiedad privada dentro de una reserva» donde «se respetaron todas las leyes».
Ahora, según informó Nuevo Diario, la causa que investiga Rojas avanza bajo secreto de sumario y aún no se determinaron los responsables directos. La celebración, un destination wedding con código de vestimenta «Met Gala», música electrónica y marcas de lujo como Yves Saint Laurent y Jimmy Choo, dejó en claro que la ostentación no tiene límites, ni siquiera pensados en cuanto al entorno natural de una Reserva. Será la justicia quien determine quién firmó, o recortó, el permiso que nunca debió existir.