La Cancillería rusa rechaza las declaraciones de la ministra de Seguridad sobre grabaciones ilegales. Moscú considera las acusaciones como infundadas y exige explicaciones detalladas al gobierno argentino.
La Cancillería rusa citó al embajador argentino en Moscú, Enrique Ignacio Ferrer Vieyra, para expresar su rechazo a las acusaciones formuladas por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich. El Ministerio de Exteriores de Rusia calificó como «infundadas» las declaraciones de la funcionaria argentina que vinculan a servicios de inteligencia rusos con grabaciones ilegales realizadas en la Casa Rosada.
El comunicado oficial del Ministerio ruso señaló que «se le informó al embajador de la Argentina que la parte rusa rechaza firmemente las acusaciones» de Bullrich, considerando que estas «no tienen pruebas». La Cancillería también recordó la existencia del Tratado entre Rusia y Argentina de asistencia legal recíproca en materia penal, que establece procedimientos específicos para la cooperación entre las estructuras competentes de ambos países.
Las autoridades rusas manifestaron que las declaraciones de la ministra argentina «no ayudan a mantener relaciones constructivas de amistad que existen» entre las dos naciones. En este marco, Moscú expresó que «lamenta que Buenos Aires no esté dispuesto a avanzar en el camino de su desarrollo progresivo», según indica el pronunciamiento oficial del Ministerio de Exteriores.
La controversia surgió cuando Bullrich declaró en Radio Rivadavia que el Gobierno argentino denunció a personas vinculadas a exservicios de inteligencia rusos por la filtración de audios de Karina Milei, secretaria general de Presidencia. Si bien el contenido de esas grabaciones era considerado inocuo, otra grabación atribuida a Diego Spagnuolo, extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad, incluye supuestos sobornos del 3 al 8 por ciento a empresas farmacéuticas privadas.
Según informó Tiempo Argentino, la Cancillería rusa confía en recibir «una explicación detallada» de las «inaceptables declaraciones» de la ministra argentina «lo antes posible». El episodio forma parte del denominado «coimagate», que involucra grabaciones que comprometen a funcionarios del actual Gobierno en presuntos actos de corrupción.
