El hermano de recluso relató que entregó dinero a funcionario penitenciario tras amenazas dentro de la Unidad Carcelaria 1. El testimonio se dio en la octava jornada del juicio contra 20 personas acusadas de integrar una red narcocriminal.
La audiencia contra la organización que presuntamente operaba en la Unidad Carcelaria 1 continuó con declaraciones testimoniales que expusieron el funcionamiento interno de la red. El hermano de un interno detalló cómo la familia recurrió a un guardiacárcel para detener el hostigamiento que sufría el recluso desde 2023.
El testigo explicó que su hermano, condenado tras seis años de proceso judicial, comenzó a recibir amenazas dentro del penal y la familia también fue intimidada a través de redes sociales. La situación lo llevó a solicitar ayuda a un conocido del barrio que tenía contacto con un funcionario del Servicio Penitenciario, al que apodaban «Chato».
Tras establecer el vínculo, el familiar entregó dos sumas de dinero en efectivo y realizó una transferencia bancaria como «propina» por el cuidado de su hermano. A través del intermediario se informaba sobre el estado de salud del recluso, si había recibido medicación o curaciones para una infección en el pie.
El testimonio reveló que la familia había perdido confianza en los canales legales para resolver la situación. Durante su declaración previa en la fiscalía, el testigo había mencionado que su contacto le advirtió sobre la necesidad de entregar dinero para garantizar la protección del interno.
Según informó la prensa del Poder Judicial, durante la mañana también declararon profesionales del Ministerio Público que elaboraron informes socioambientales de los acusados. Los reportes incluyeron datos sobre dinámicas familiares, condiciones habitacionales, consumo de sustancias y las complicaciones económicas que enfrentó el personal penitenciario tras ser suspendido, con reducciones salariales del 50%.
El tribunal integrado por los jueces Federico Diez, Paola Marocco y Javier Aranibar juzga a 20 personas por diversos delitos. Los funcionarios penitenciarios enfrentan cargos por exacciones ilegales, comercialización de estupefacientes y asociación ilícita, mientras que internos y familiares están acusados por comercialización de drogas y asociación ilícita.