El edil Rodrigo Chocobar denunció falta de informes detallados sobre la aplicación del Fondo Compensador provincial. El municipio recibió 285 millones de pesos en 2024 a través de este esquema de financiamiento.
Durante la sesión ordinaria número 23 del Consejo Deliberante de Cafayate, el concejal Rodrigo Chocobar expuso irregularidades en la administración financiera municipal y cuestionó la transparencia en el uso de recursos públicos. El edil centró sus observaciones en el manejo del Fondo Compensador Provincial y la ejecución del presupuesto local.
Chocobar explicó que el Fondo Compensador, establecido por la Ley Provincial 71.7118, busca redistribuir recursos a los municipios para inversión en obras públicas. Cafayate recibió aproximadamente 285 millones de pesos durante 2024 a través de este mecanismo, que transfiere fondos de manera mensual o acumulada desde la administración provincial.
El concejal señaló que no existen informes detallados sobre el destino específico de estos recursos. «No hay presentación, hay ejecuciones presupuestarias diciendo, bueno, cambia una goma de un vehículo o bien se hizo una obra en tal lugar, no hay ese informe», manifestó el edil, quien también cuestionó coincidencias entre la adquisición de vehículos y la cobertura de déficits municipales.
La exposición incluyó críticas a la organización administrativa, donde Chocobar identificó funcionarios que «no están funcionando» y otros que «son manejados», generando un problema institucional que afecta la gestión diaria. El concejal también destacó discrepancias entre el organigrama oficial y el presupuesto aprobado, lo que provoca desajustes en la planificación de recursos para obras públicas y servicios esenciales.
Según informó Radio Cafayate, el edil integra una comisión investigadora enfocada en la ejecución presupuestaria y la organización de eventos municipales como Serenata. Chocobar enfatizó la importancia de la participación ciudadana y la rendición de cuentas, al tiempo que instó a los denunciantes a presentar quejas formales para iniciar investigaciones sobre irregularidades detectadas en los informes financieros municipales.