Miembros de comunidades originarios denunciaron fueron rociados con agroquímicos mientras cuidaban sus sembradíos. El incidente ocurrió el domingo pasado y destruyó aproximadamente 400 hectáreas de cultivo.
La Asociación Consorcio Administrador Ex Lote Fiscal 4, que representa a 19 comunidades de los pueblos Chorote, Chulupi, Qom y Wichí, denunció que el pasado domingo 11 de mayo una avioneta fumigó sus cultivos de poroto, quemando aproximadamente 400 hectáreas y afectando a quienes cuidaban los sembradíos. Según Eduardo Pisco, presidente de la Asociación, los pocos miembros que no habían ido a votar en los comicios legislativos fueron rociados con un químico que les provocó comezón, teniendo que refugiarse en un charco de agua para evitar mayores daños.
El incidente se enmarca en un conflicto territorial con familias criollas de apellido Ortiz y Sáenz, quienes disputarían el usufructo de las tierras comunitarias entregadas en el año 2000 a las comunidades indígenas. Pisco explicó que la tensión escaló cuando la nueva comisión directiva decidió demarcar su territorio con postes y reclamarlo como propio, lo que desató una serie de amenazas y agresiones por parte de los criollos.
En la denuncia presentada ante la Ciudad Judicial de Tartagal, acusan a Pablo Fatorini, propietario de la avioneta fumigadora. Los miembros de las comunidades visitaron previamente el hangar ubicado en el kilómetro 6 de Tartagal, donde les confirmaron que existía una orden de fumigación, sin revelar quién la había autorizado. Los denunciantes solicitan que se investigue el líquido utilizado y se determine si se cumplieron las normativas ambientales y de salud.
Pisco advirtió que, si no hay una remediación e indemnización urgente por los daños provocados, cerrarán el acceso a los cultivos de maíz que los criollos mantienen dentro del territorio originario, estimadas en unas 800 hectáreas. El presidente de la Asociación aseguró a Salta/12 que ha realizado «al menos 70 denuncias» en los últimos dos años relacionadas con este conflicto, y mostró documentos donde el fiscal penal Armando Cazón solicitó en diciembre pasado la restitución de aproximadamente 2000 hectáreas a las comunidades originarias.