El camionero Héctor Romero fue detenido en diciembre pasado y fue liberado la semana pasada, luego de que la justicia le dictara la falta de méritos para mantener la acusación. “Tuvimos que aguantar de todo”, declararon sus familiares.
El miércoles pasado, el caso de María Cash, la joven diseñadora desaparecida hace 13 años en nuestra provincia, sumó un nuevo capítulo. El Juzgado Federal N° 2 sobreseyó a Héctor Romero, el camionero de 71 años que estaba acusado de matarla.
“Recibimos la noticia con sorpresa y mucha alegría por lo que decidió la Justicia”, expresó Oscar Romero, hermano de Héctor. Además, agregó: “Hicimos una marcha de silencio en diciembre y nos acompañó la gente de Güemes. Después no quisimos hacer más porque queríamos dejar que la justicia trabaje tranquila, sin presiones, para que esto no se vaya por otro carril”.
“Él es muy de perfil bajo, no se quiere exponer, así que no quiere aparecer. Bastante lo han expuesto con esas fotos detenido por todos lados”. Y continuó: “Mi hermano y todos en la familia tuvimos que sacar dinero de donde no había para pagar la defensa de la causa. Y, si bien en Güemes recibimos mucho apoyo, las redes sociales no perdonan: tuvimos que aguantar de todo».
Finalmente, cerró: “Recibimos castigos, improperios y uno se lo tiene que bancar y seguir para adelante. Le va costar mucho seguir con su vida porque las manchas que le propiciaron va a costar sacárselas”.
El sobreseimiento del camionero se resolvió luego de una investigación llevada a cabo por la División de Análisis de Evidencia Digital Forense, la Subdirección de Forensía Digital de la División de Criminalística y Estudios Forenses de la Dirección General de Inteligencia Criminal e Investigaciones de Gendarmería Nacional Argentina y por un perito oficial Licenciado en Criminalística y Criminología de la Corte de Justicia de la Provincia de Salta.
El juzgado determinó que “no existen pruebas suficientes, elementos objetivos, ni evidencias, que permitan vincular de manera fehaciente a Héctor Romero con los hechos imputados”. Y agregó que “la investigación fue rigurosa, imparcial y respetuosa”, y que priorizó “la búsqueda de la verdad y la preservación de los derechos constitucionales de las partes involucradas”.