El Ejecutivo enviará al Congreso un proyecto para modificar la norma que protege reservas de agua dulce, mientras el presupuesto 2026 reduce partidas clave hasta un 92,8%. La iniciativa traslada la potestad de definir áreas protegidas desde organismos científicos hacia gobiernos provinciales.
El sector ambiental enfrenta su momento más crítico en décadas. El Gobierno nacional presentará esta semana en sesiones extraordinarias un proyecto de reforma a la Ley de Glaciares, sancionada hace 15 años, que según el Ejecutivo busca «subsanar las graves falencias interpretativas» y «ordenar el marco normativo vigente, poner fin a interpretaciones arbitrarias y consolidar un esquema de federalismo ambiental plenamente compatible con la Constitución Nacional».
La modificación propuesta restringe el área bajo protección y traslada la definición de glaciares y zonas de influencia desde el Instituto de Nivología y Glaciología de la Argentina (INIGLA) hacia los gobiernos provinciales. El Ejecutivo sostiene que la norma actual ocasionó inseguridad jurídica y paralizó inversiones en el sector minero, que actualmente genera la mayor cantidad de dólares y exhibe la mayor productividad del país.
El inventario del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) registra que en 2018 se identificaron 5.769 km² de hielo en la cordillera de los Andes, de los cuales 674 km² corresponden a glaciares de escombros. «Según los resultados del ING, en 2018 se identificaron en la cordillera de los Andes 5.769 km² de hielo, de los cuales 674 km² corresponden a glaciares de escombros. De esta forma, los cuerpos de hielo identificados en el ING representan aproximadamente el 1% de la superficie de la Cordillera y, por ejemplo, sólo el 0,8 % de la superficie de la provincia de Mendoza», señala el inventario.
La actualización de la región de los Andes Desérticos evidenció una reducción del 17% en la superficie con glaciares y del 23% en los manchones de nieve perennes en un período cercano a diez años. Diversos estudios científicos destacan que el ambiente periglacial concentra grandes volúmenes de hielo subterráneo que cumplen funciones esenciales para la estabilidad de las cuencas de montaña y actúa como regulador hídrico de largo plazo en provincias áridas como San Juan y Mendoza.
El proyecto de Presupuesto 2026 acompaña este retroceso normativo con recortes sustantivos en áreas ambientales. La Subsecretaría de Ambiente recibirá 51.506 millones de pesos, un 33,8% menos en términos reales que en 2025 y un 79,5% menos que en 2023. El Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos contará con 15.843,01 millones de pesos, apenas el 0,0107% del presupuesto nacional cuando debería representar el 0,3% según la Ley 26.331.
Según datos de Tiempo Argentino, el Servicio Nacional de Manejo del Fuego enfrentará una caída real del 69% con respecto a 2023, mientras que el Estado nacional dejará de percibir 595.896 millones de pesos por exenciones fiscales a la minería. Este monto equivale a 30 veces el presupuesto asignado al manejo del fuego y 17 veces el destinado al fomento de energías renovables.
«Es indispensable que el Congreso impulse una discusión amplia, participativa e informada, capaz de corregir los retrocesos que el proyecto actual plantea. Argentina necesita un presupuesto que fortalezca la institucionalidad pública, reduzca desigualdades y afirme un compromiso claro con el cumplimiento de derechos humanos y ambientales», planteó Ariel Slipak, coordinador de Investigaciones en la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).
