El financiamiento para universidades públicas acumula una caída del 32% desde 2023, pese al reciente aumento del 29% dispuesto por el Gobierno. La comunidad universitaria presentó un nuevo proyecto legislativo para recomponer el sector tras el veto presidencial del año pasado.
La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) alertó por segundo año consecutivo sobre la reducción significativa en los recursos destinados a las universidades públicas. Los fondos asignados para 2025 representan el menor nivel de financiamiento registrado desde 2006, situación que persiste a pesar del incremento del 29% establecido mediante el decreto 425/25.
El presupuesto del Programa de Desarrollo de la Educación Superior para este año resulta 9% inferior al de 2024 en términos reales y acumula una disminución del 32% desde 2023. La inversión por estudiante alcanza los 2,1 millones de pesos, la cifra más baja desde 2005, cuando el promedio entre 2010 y 2023 era de 4 millones de pesos por alumno.
Según publicó Tiempo Argentino, esta reducción presupuestaria representa una caída del 53% respecto a los valores registrados hace una década, ajustados por inflación. El financiamiento universitario pasó de representar el 0,72% del PBI en 2023 a un estimado de 0,43% para el año en curso.
La ACIJ señaló que estos recortes comprometen el funcionamiento de las instituciones educativas y limitan su capacidad para garantizar el acceso a una educación superior gratuita y de calidad. La organización destacó el rol estratégico de las universidades públicas en la producción de conocimiento, la formación profesional y la reducción de desigualdades sociales.
El jueves se desarrolló una masiva marcha universitaria con epicentro en la Ciudad de Buenos Aires, que se replicó en Córdoba, Bariloche y Rosario. La movilización se enmarca en el conflicto universitario que resurge tras los recortes presupuestarios, similar a lo ocurrido el año anterior.
A principios de junio, autoridades, estudiantes y trabajadores presentaron en el Congreso un nuevo proyecto legislativo para garantizar el financiamiento universitario. La iniciativa busca recomponer salarios, actualizar gastos de funcionamiento, ampliar becas y crear un fondo para carreras estratégicas vinculadas a inteligencia artificial. El proyecto propone alcanzar una inversión del 1,5% del PBI para el sector hacia 2031, utilizando fondos de coparticipación federal sin generar déficit fiscal ni crear nuevos impuestos.