Nación envió una propuesta a la UNSa de “asesoramiento técnico” sobre el personal no docente. El convenio que promete “cooperar” incluye mecanismos de control, vigilancia y análisis del trabajo que lleva adelante la universidad pública.
La Secretaría de Empleo Público del Ministerio de Modernización, la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación y la Universidad Nacional de Salta evalúan llevar a cabo un convenio que pretende brindar asesoramiento técnico respecto al “análisis de dotación de recursos humanos” de la casa de estudios.
La oferta del Gobierno Nacional está dirigida al Personal No Docente de la Universidad Nacional de Salta y solicitan, entre otras cosas, intercambio de información respecto a: convenios, plantas de personal, horarios de trabajo, “sistemas de control de presentimos”, cantidad de trámites por tipo, etcétera. El objetivo es, según consta en el expediente 25.635/17, “alcanzar los mejores resultados en un marco de cooperación”.
Si bien es cierto que el proyecto del Ministerio de Modernización, a cargo de Andrés Ibarra, y del Ministerio de Educación, encabezado por Alejandro Finocchiaro, es “cooperar” con la Universidad, ya son varias las dudas que sembró el convenio.
“Fernández es el único que cree que el ajuste no llega a las Universidades”, comentaron a CUARTO fuentes confiables de la universidad pública salteña. Asimismo, recordaron que tiempo atrás el Gobierno Nacional propuso re-localizar a los científicos de CONICET en las Universidades Públicas “sin hacerse cargo del recorte a la convocatoria a becas que se sigue profundizando”.
Por otro lado, es importante recordar que el anuncio de la Secretaría de Políticas Universitarias respecto al recorte de tres mil millones de pesos en el Presupuesto para Universidades Públicas también fue justificado por la “cooperación” que debe haber entre las instituciones educativas y Nación.
El Gobierno Nacional busca influir en las Universidades no sólo por un ajuste a la inversión, sino también a través de mecanismos de control, vigilancia y análisis del trabajo que llevan adelante las instituciones. En este caso, justifican el convenio con un “asesoramiento” que, dicho sea de paso, bien podría terminar en recomendaciones de reducción de personal, pese a no ser vinculantes.
En el año del Centenario de la Reforma Universitaria, la autonomía conquistada en 1918 es cada vez más relativa al poder que ejerce la Presidencia de la Nación.
La mirada del Rector
Por otro lado, desde la Secretaría Administrativa aducen que “no hay objeciones que formular” y destacan: “la Universidad debería avanzar en optimizar la estructura vigente, buscando estructuras administrativas más eficientes y más receptivas a las necesidades internas. En ese marco una evaluación externa o un diagnóstico serían sumamente importantes”.
En caso de lograr consensos, habría un (1) representante por el Ministerio de Modernización y un (1) representante de la Universidad que, en este caso, sería el Secretario Administrativo, Miguel Nina. Otra de las recomendaciones que surgieron en la casa de estudios fue aclarar que “la jurisdicción en caso de conflicto sea la de los Tribunales Federales de la Ciudad de Salta”.
