sábado 5 de octubre de 2024
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Vieja demanda silletana | Piden que la justicia restituya a La Silleta su condición de municipio salteño

En 2017 vecinos de esa localidad, que hoy depende de Campo Quijano, presentaron el proyecto para recuperar la condición de la que gozó hasta 1967.

La municipalización de la localidad de La Silleta es una demanda que tiene varios años. La última se concretó en mayo del 2017 cuando la Comisión Pro municipalización de La Silleta y vecinos de diversos parajes de la localidad, presentaron en Diputados un proyecto de ley que busca la derogación del Decreto N° 2533 dictado durante el gobierno militar de Juan Carlos Onganía. La iniciativa fue presentada bajo la forma de iniciativa popular y contaba con el aval de más de mil firmas de los habitantes del lugar y otros parajes como Encón, Encón Chico, Villa Lola, Potrero de Linares, Potrero Uriburu, Villa el Dique.

Los argumentos eran varios. Por un lado denunciaban la falta de servicios básicos y un estado de abandono que atribuían a la desidia y falta de recursos del municipio de Campo Quijano del que dependen administrativamente. A ello le sumaban la propia historia: el Decreto Nº 3913 del año 1964 que convirtió al pueblo en municipio, condición que duró hasta el 4 enero de 1967 cuando renunció el intendente Bernardo Quipildor, y el gobierno de facto emitió el Decreto N° 2533/67 firmado por el entonces Interventor Federal, Héctor D’Andrea. El mismo disponía que hasta tanto se encuadre en lo que determina la ley 1349, el Municipio debería ser atendido por la Intendencia de Campo Quijano.

Ahora la iniciativa se reedita pero por vía judicial. Rubén Olarte es uno de los voceros de la movida de vecinas y vecinos que decidieron interponer un petitorio a la Corte de Justicia provincial, «para que en la feria judicial puedan seguir revisando nuestro tema», sostuvo Olarte. Piden declarar la inconstitucionalidad del decreto nº 2533/1.967, considerando esa decisión «una inexcusable violación del orden jurídico constitucional», que vulnera los artículos 1, 5, 31, 36, de la Constitución Nacional. Según dicen, la decisión del gobierno de facto quebrantó principios constitucionales como la forma de gobierno, la garantía federal, y avanzó sobre materias que pertenecen al Poder Legislativo provincial.

Olarte declaró ante la sección local del diario Página 12 que se sienten desprotegidos y desamparados por la poca atención que reciben sus gestiones en la localidad cabecera. También recordó que cuentan con la cantidad de habitantes suficientes (el número ascendería a 9.000) que es una de las condiciones necesarias para convertirse en el municipio número 61 de la provincia.

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