El parte lleva la firma de los referentes Edmundo Falú, María Lapasett y Daniel Escotorín. “El ajuste feroz que este gobierno viene descargando sobre la población será más profundo el próximo año con este presupuesto”, aseguran.
Esa fuerza política exhortó a los siete diputados nacionales por la provincia de Salta a rechazar y no aprobar el proyecto de Presupuesto Nacional 2019 enviado, al que consideran enviado por el presidente Macri pero elaborado y diseñado por el FMI.
“El ajuste feroz que este gobierno viene descargando sobre la población será más profundo el próximo año con este presupuesto: desde ya que en Educación y Salud sufrirán recortes a los que ya tuvieron en estos dos años, más el recorte en materia de previsión social que llegaría entonces al 10% menos” enfatizan en el escrito que asegura también que el presupuesto es “un ajuste sobre las cuentas provinciales y claramente Salta sufrirá los efectos en la suspensión de inversiones, en obras públicas y sobre todo en el campo de la asistencia social”.
Justamente allí, Unidad Popular remarca que la gestión Urtubey deja graves secuelas: 10% de desocupación, 27% de pobreza y 4% de indigencia que en conjunto supone que alrededor de 300.000 personas que tienen problemas de subsistencia, de alimentación y de salud. “Si se aprueba el presupuesto, no hay ninguna duda que estos números se agravarán; más familias salteñas padecerán este plan criminal planificado para que una minoría se quede con los beneficios del esfuerzo y el trabajo de millones a los que veremos caer sus expectativas de progreso y bienestar”, aseguran.
El escrito termina de la siguiente manera: “Sobre la conciencia de los siete diputados salteños cae la responsabilidad del futuro de la mayoría de los salteños: condenarlos a la pobreza, a la enfermedad, a la desocupación y también a una muerte lenta por el abandono del Estado de su función primordial: garantizar el bien común y proteger a los más débiles, en aras de cumplir con el mandato criminal impuesto por el FMI y en total acuerdo con un gobierno nacional que solo piensa en el interés de las corporaciones financieras nacionales e internacionales”.
