Diputada nacional tucumana solicitó al Ejecutivo nacional que informe sobre el caso que involucra a municipios de Catamarca, Tucumán y Salta. Los montos involucrados ascienden a 40 mil millones de pesos mediante la operatoria “cheque por ventanilla”.
La causa se inició cuando las autoridades del Banco Macro alertó a la Unidad de Información Financiera (UIF) sobre el movimiento de dinero que incluía volúmenes desorbitantes. Ello derivó en una denuncia de la PROCELAC que habló de “significativos fondos públicos extraídos a través de cheques y sin justificación” que podrían haber sido utilizados para las campañas políticas de 2023.
Los presuntos desvíos involucran a ocho municipios de las provincias de Tucumán, Catamarca y Salta y alcanzaron una cifra cercana a los $40 mil millones, según la denuncia penal del organismo mencionado. Los distritos involucrados son Banda del Río Salí, Monteros, Famaillá y San Isidro de Lules (en la provincia de Tucumán), Corral Quemado, Belén e Icaño (en Catamarca) y la localidad de San Carlos (en Salta). En el municipio salteño se sospecha sobre el destino de 130 millones.
En ese marco, la diputada tucumana Paula Omodeo remitió a la Casa Rosada información y apunto – sin nombrarlos – a Sergio Massa (exministro de Economía de la Nación) y los gobernadores de las provincias investigadas en el marco de las elecciones del 2023.
En los fundamentos del proyecto, Omodeo destaca que se trata de “fondos públicos que fueron a parar a las cuentas de empleados públicos sin antecedentes de operar con grandes sumas de dinero, y que estos los habrían utilizado en algunos casos fueron para adquirir dólar MEP y que tales operaciones sospechosas se incrementaron en número y volumen en los meses previos a la elección del año 2023, dato que refuerza la hipótesis de que los fondos municipales podrían haber sido desviados para financiar campañas electorales en los tres distritos mencionados”.
Omodeo celebró que el caso salga a la luz “porque empieza a quedar expuesto un esquema de financiamiento de las campañas políticas pagas con dinero que debió ser devuelto a la población en obras y servicios para el mejoramiento de su calidad de vida y que presuntamente ha sido desviado para obtener ventajas electorales”.
“Es fundamental e imprescindible, que estos funcionarios públicos entiendan, de una vez por todas, que están en sus cargos para dar respuestas que resuelvan los problemas de los salteños, los tucumanos y los catamarqueños, y no para dar continuidad a sus proyectos políticos y mantener así un altísimo nivel de vida”, concluyó.
