El país registra un 7,3% de su cartera crediticia en situación irregular, según un informe de Felaban. La cifra convive con el ratio de crédito sobre PBI más bajo de América Latina.
La Argentina se ubica en la cima del ranking de morosidad bancaria de América Latina, con un 7,3% de su cartera crediticia en situación irregular, una cifra que duplica el promedio regional del 2,78%. Así lo indicó un informe de la Federación Latinoamericana de Bancos (Felaban), que además señaló que el país presenta el ratio de crédito sobre el PBI más bajo de la región: 14,3%, frente a un promedio de 47,3%.
De los préstamos irregulares en el país, que suman 14 billones de pesos, el sistema bancario tradicional concentra casi dos tercios, mientras que el tercio restante corresponde a fintech y otros proveedores no bancarios, como cooperativas y tarjetas de cadenas de supermercados y electrodomésticos. A esto se suma un nivel de cobertura de 84%, uno de los más bajos de la región junto con Panamá, muy por debajo de países como República Dominicana (316%), Uruguay (226%) o Ecuador (210%), según publicó Tiempo Argentino.
La tendencia regional también es al alza: la cartera vencida en América Latina creció un 10% respecto a diciembre de 2025 y cerró en marzo de 2026 en torno a los US$104.621 millones. Aun así, la distancia argentina resulta notoria frente a los países con menor morosidad, como Uruguay (1,7%), El Salvador (1,4%) y República Dominicana (1,1%), y frente a quienes completan el podio de mayor irregularidad junto al país, Brasil (4,3%) y Colombia (3,7%).
El repunte de los impagos se produjo tras la reactivación del crédito al sector privado en los últimos dos años, favorecida por la desaceleración de la inflación, la estabilidad cambiaria y la menor competencia de los títulos remunerados del Banco Central. Esa expansión del financiamiento contribuyó a sostener la recuperación de la actividad económica, aunque trajo consigo el incremento de la irregularidad en los pagos.
La situación afecta hoy a unos 7 millones de argentinos y divide posiciones entre el oficialismo y sectores de la oposición y el mundo académico. El Gobierno nacional sostiene que se trata de «un asunto entre privados» y descarta intervenir, mientras que analistas y referentes opositores plantean que el Banco Central debería adoptar medidas para asistir a los deudores.