Una llamada anónima alertó sobre la supuesta colocación de explosivos en una dependencia judicial. La División Explosivos del Departamento de Bomberos realizó una exhaustiva inspección del edificio sin encontrar elementos peligrosos.
Una amenaza de bomba movilizó ayer al sistema judicial salteño cuando un desconocido llamó a la Fiscalía Penal 5 y, tras consultar por una dirección, manifestó su intención de colocar un artefacto explosivo. La empleada administrativa que recibió la llamada notificó inmediatamente al coordinador de Fiscales, Pablo Rivero, quien puso al tanto de la situación al procurador general de la provincia, Pedro García Castiella.
Según informó El Tribuno, el caso fue derivado a la Fiscalía Penal 2 para su investigación, mientras que el fiscal Federico Jovanovicz, titular de la Fiscalía Penal 5, articuló las medidas de seguridad correspondientes siguiendo las directivas del Procurador General. La amenaza activó un operativo conjunto con el Ministerio de Seguridad provincial.
Como parte del protocolo de seguridad, la División Explosivos del Departamento de Bomberos de la Policía de la Provincia realizó una minuciosa inspección del edificio, descartando la presencia de material explosivo. Las autoridades dispusieron además una consigna policial permanente para garantizar la seguridad de la dependencia judicial.
