La causa involucra a médicos, bioquímicos, enfermeros, exfuncionarios municipales y gestores políticos que habrían confeccionado documentación médica falsa para obtener pensiones por invalidez. Nueve allanamientos realizados la semana pasada en Joaquín V. González, Gaona y El Quebrachal incorporaron nuevos elementos probatorios a una investigación en curso desde hace más de un año.
La Justicia Federal investiga irregularidades en cerca de 10.000 de las 22.000 pensiones no contributivas otorgadas en municipios del departamento Anta, en el norte de Salta. Según las estimaciones del expediente, ese universo de beneficios representa un perjuicio superior a los 3.500 millones de pesos mensuales al Estado nacional. Un total de 25 personas —médicos, bioquímicos, enfermeros, exfuncionarios municipales, agentes públicos y gestores políticos— se encuentran bajo investigación.
La hipótesis fiscal describe una organización integrada por referentes políticos, funcionarios y profesionales de la salud que gestionaban pensiones por invalidez para personas sin las patologías declaradas. La operatoria incluía la oferta de acceso a pensiones no contributivas a familias vulnerables a cambio de adhesión política, y la confección de certificados con diagnósticos presuntamente falsos de enfermedad de Chagas y desviaciones de columna.
Entre los hallazgos que concentraron la atención de los investigadores figura una vivienda donde se almacenaban radiografías de tórax y columna pertenecientes a distintas personas. Alrededor del 90 por ciento de las placas reflejaban diagnósticos similares de desviación de columna; algunas tenían espacios en blanco destinados a completar la identidad del paciente. Estudios de laboratorio con resultados positivos de Chagas también habrían sido copiados y reutilizados para sustentar expedientes de distintos beneficiarios.
Según publica Nuevo Diario, la pesquisa detectó además que la organización contaría con laboratorios propios para falsificar análisis clínicos y que algunos certificados de discapacidad llevaban firmas de personas sin matrícula médica habilitante. La causa fue declarada compleja en octubre de 2025 a pedido de la Unidad Fiscal Federal de Salta; desde entonces, un equipo de alrededor de 20 investigadores analiza las pruebas reunidas.
La investigación se originó a partir de un expediente tramitado en la provincia del Chaco y derivó en la detección de irregularidades en distintos municipios de Anta. En septiembre de 2025, la Justicia Federal ordenó 17 allanamientos simultáneos en hospitales, clínicas, oficinas estatales y domicilios particulares; el análisis de esa documentación permitió ampliar la hipótesis fiscal y avanzar sobre nuevos sospechosos.
Durante las próximas semanas podrían formalizarse imputaciones, según indicaron fuentes judiciales. Los delitos investigados son asociación ilícita, defraudación a la administración pública, cohecho e incumplimiento de los deberes de funcionario público.