El proyecto de “Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada” elimina el límite del 15% a la venta de tierras a personas extranjeras. Será tratada el jueves por el senado. En algunos departamentos salteños el 60% del suelo ya no pertenece a argentinos.
El proceso de extranjerización comenzó en los 2000 con el boom internacional de los precios de los alimentos, cuando el valor de la tierra se disparó y la devaluación facilitó la compra por parte de extranjeros. Fue en ese contexto que, en 2011, el Congreso sancionó la ley 26.737 para poner un límite del 15% a la compra de tierras por empresas o personas extranjeras.
Ese límite es el que ahora el Gobierno quiere eliminar con el apoyo de los gobernadores aliados. El proyecto impulsado por Federico Sturzenegger incluye varias modificaciones a la legislación vigente, pero uno de los puntos clave los introduce en la ley de Tierras Rurales. Según Sturzenegger, de eliminarse el límite mencionado ingresarían capitales por más de US$ 15.000 millones. Para algunos analistas, la iniciativa forma parte – junto al Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones y las modificaciones de la Ley de Glaciares – de un nuevo plexo normativo que habilita el saqueo.
El proyecto impacta en provincias como la nuestra. Según datos del Registro Nacional de Tierras Rurales —creado por la Ley de Tierras de 2011, que ahora el gobierno busca vaciar de contenido— Salta encabeza el ranking provincial de extranjerización. En el departamento de San Carlos, el 60% del territorio está en manos de propietarios del exterior; en Molinos, el 58%. Ninguna otra provincia concentra tantos municipios por encima del cupo que se había establecido durante el gobierno de CFK.
El suelo salteño ya alberga a algunos de los mayores terratenientes extranjeros del país. La empresa china High Luck Group opera concesiones petroleras en la zona de Tartagal con 300.000 hectáreas registradas. Los hermanos texanos Paul y David Gabel controlan más de 150.000 hectáreas en General Pizarro dedicadas a soja, trigo y ganadería bovina. La francesa Eramet avanza sobre 50.000 hectáreas en la puna para explotar litio, con una inversión anunciada de 400 millones de dólares.
La iniciativa, no obstante, avanza y será tratada el jueves en la cámara alta nacional. Para granjearse el potencial apoyo de los gobernadores y con ellos el de los senadores que le responden, los libertarios agregaron a último moment, un artículo al dictamen de mayoría: “Cada provincia conservará la jurisdicción plena sobre el territorio comprendido dentro de sus respectivos límites, de conformidad con lo dispuesto por la Constitución Nacional”.
“Si quiere la provincia poner límite o no poner límite a la venta de tierras lo decide la provincia. Federalismo puro y duro”, explicó Patricia Bullrich que llevo adelante las negociaciones en el senado “dando un giro argumental de 180 grados. Ya no era una defensa a la llegada de capitales extranjeros, era una defensa al federalismo. Y, como sucedió con la modificación de la Ley de Glaciares, que dejó en manos de las provincias la decisión de explotar productivamente una zona glaciar, el Gobierno consiguió las firmas que le faltaban”, resume un informe del sitio elDiarioAr.
La sesión para aprobar el proyecto de ley será el próximo jueves y en el peronismo advierten que, gracias al apoyo de los gobernadores, Bullrich podrá conseguir su media sanción. “Quieren habilitar la compra de tierras estratégicas a empresas como Palantir. Para ellos el mundo no tiene alambrados, es todo de ellos. Y con esta ley es lo que van a conseguir”, señaló una de las autoridades del bloque peronista.