Diputados aprobó el proyecto que busca regularizar la situación dominial de los pastajeros y habilita a renegociar el uso de la tierra con las empresas que explotan miles de hectáreas y adeudan millones de dólares a la provincia.
El proyecto fue aprobado en la sesión de diputados del ayer tras un largo debate que giró en torno a la historia de ese emprendimiento estatal, su privatización en los años noventa, el rol de la familia Olmedo en ese proceso, el de las firmas CRESUD y Anta del Plata en la actualidad y de cómo siempre la provincia es la que siempre pierde.
La iniciativa conto con alto respaldo y quienes la defendieron pusieron énfasis en un aspecto de la misma: las 110 familias pastajeras que hace décadas habitan parcelas de la enorme extensión de tierras que son de la provincia, aunque están concesionadas a las firmas ya mencionadas. En ese marco, los diputados oficialistas remarcaron que el “objetivo principal” era que esas familias “puedan salir de la situación de incertidumbre” y regularicen su situación dominial.
Pero ese punto es acompañado por otros menos altruistas. Y es que anoche se aprobó la la posibilidad que el Estado a través de Salta Forestal renegocie contratos por las tierras que las concesionarias no tienen incorporadas al circuito productivo. El argumento esgrimido es que de ese modo la provincia recuperará “160 mil hectáreas que hoy están improductivas por parte de ambas concesionarias”, destacó Socorro Villamayor.
Acá conviene recordar las declaraciones que la semana pasada realizara el presidente de Salta Forestal S.A. – Ignacio Lupión – que preciso lo siguiente: Cresud explota 24 mil hectáreas de las 128 mil que tiene concesionadas, mientras Anta del Plata hace lo propio con 20 mil de las 76.600 hectáreas que posee en concesión. Traducido: el proyecto busca que las tierras que las firmas no están explotando se incorporen al “aprovechamiento productivo dispuesto en el objeto social de Salta Forestal S.A”.
En ese punto, la advertencia más seria al respecto provino del ex diputado Claudio Del Pla. Aseguró que, al habilitar la renegociación con las firmas concesionarias, Salta Forestal revisará otros aspectos del contrato como compensación por la devolución de tierras que la empresa no utiliza.
“Con esto queda habilitado el mismo modelo de ´negociación´ que hemos denunciado en la justicia cuando el ex gobernador Urtubey decidió, sin autorización legislativa en ese momento, firmar un convenio con la familia Olmedo en el que, igual que ahora, se establecía la devolución de una parte de las tierras, (que son del Estado) a cambio de un perdón de las deudas generadas por Olmedo, por aplicación de la ley N° 7623 que en 2009 estableció el pago de un canon por la explotación privada de estas tierras públicas, equivalente al 10 % del valor de la producción”, manifestó la semana pasada a través de un comunicado.
El dirigente remarco además que, según los cálculos realizados en diciembre pasado, la deuda acumulada por CRESUD y Anta del Plata “es de unos cien millones de dólares.