Hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hizo pública su preocupación por el rechazo del país a la resolución de la ONU en favor de esos pueblos. Según el Censo 2022, la mayoría de la población originaria vive en Salta.
Los libertarios nunca manifestaron simpatía por las diversidades, pero el pasado 11 de noviembre comenzó a vislumbrase lo peor. Representantes de 168 países reunidos en la ONU votaron a favor de un documento que comprometía a los Estados a respetar los derechos de los pueblos originarios, aunque el canciller argentino, Gerardo Werthein, se opuso. Fue el único.
En ese marco, la CIDH emitió un documento hace unos días en donde advierte que lo ocurrido puede afectar la protección de los derechos sobre tierras, territorios y recursos naturales de los pueblos indígenas de nuestro país y exhorta al Estado a cumplir con sus deberes internacionales.
“El 30 de septiembre, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas suspendió las solicitudes de personería jurídica de comunidades indígenas en trámite en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas (RENACI), e invitó a los gobiernos locales a crear registros propios. Dicha medida, adoptada sin la participación de los pueblos indígenas, podría llegar a impactar al menos 250 de las 1881 comunidades indígenas identificadas oficialmente en el país y a cerca del 47% del total de ellas, que aún no han realizado el relevamiento territorial correspondiente”, señala el comunicado de prensa del organismo internacional.
Según el Censo 2022 en nuestro país un total de 1.306.730 personas se identificaron como indígenas o descendientes de pueblos originarios. Esa cifra representa el 2,9% de la población total en viviendas particulares. De ese total, la provincia de Salta aparece como el distrito con mayor cantidad de originarios: 142.870 personas, siendo el departamento General José de San Martin el que registra la mayor cantidad de esta población, con 42.352 individuos.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
