El caso tiene implicaciones de civiles en un conflicto sobre la tenencia de tierras en la que resultó perjudicado un productor de hortalizas.
Una exjefa de la Policía de Salta ha sido imputada provisionalmente por usurpación, daños, retención indebida y amenazas. El fiscal penal de Cachi, Daniel Alejandro Escalante, también imputó a otra mujer por usurpación y retención indebida en el mismo caso. La denuncia, presentada el 18 de mayo, ha llamado la atención sobre la actuación de las fuerzas del orden.
El denunciante, quien cultivó una finca en la localidad durante 23 años, alega que al intentar acceder a su terreno para continuar con el cultivo de almácigos de cebolla, fue impedido por la exjefa policial y sus acompañantes. Afirma que fue amenazado y que, al lograr ingresar junto a su hijo, descubrió su plantación destruida. También denunció la desaparición de su caballo y amenazas de desalojo por parte de la exoficial, supuestamente acompañada por personal policial.
El 1 de junio, el denunciante amplió su declaración tras encontrar una habitación de la finca cerrada con candado y otra con las cerraduras cambiadas, donde guardaba sus pertenencias y herramientas. Este hecho ha reforzado las acusaciones de usurpación y retención indebida.
La investigación ha revelado disputas sobre la propiedad, ya que el denunciante afirma que la finca pertenecía a una tía fallecida, mientras que la otra mujer imputada declaró que la misma tía le habría otorgado al denunciante solo el cuidado de la propiedad.
Durante la audiencia, la expolicía admitió haber causado daños en los almácigos. Por su parte, la otra mujer imputada aseguró haber dejado materiales para una futura construcción en la finca, sugiriendo que también reclama derechos sobre la propiedad.
