jueves 3 de octubre de 2024
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“Primero la violó un varón, después, el Estado con sus tentáculos patriarcales” 

Es una de las frases utilizadas por la periodista Mariana Carbajal de Página 12 para referirse al caso de la niña de 10 años embarazada por un abuso. Una crónica amarga, pero necesaria para visibilizar una tragedia que empezó cuando la abuela de la niña quedó embarazada a los 11 años también por un abuso.

La columna fue publicada y comienza relatando la visita que dos compañeras salteñas del Foro de Mujeres por la Igualdad de Oportunidades de Salta les realizaran a la nena violada y a su familia. Una familia de la que formaba parte el abusador que estando ahora preso como corresponde, dejó a esa familia sin nada con qué parar la olla mientras la madre de la niña abusada relataba a sus visitantes que lo ocurrido la imposibilita de “cumplir con las casas a las que iba a planchar y limpiar”.

“En la misma casa vive la abuela, que tiene unos 45 años, y que cuenta que ella también fue abusada por su propio hermano. Dice que no le creyeron, ni sus padres. Ni nadie. Y a los 11 años, producto de esos abusos, tuvo a la mamá de la nena, esa nieta que ahora, a esa misma edad, vive una historia repetida”, enfatiza la nota a la que conviene transcribir en lo que queda.

En febrero la mamá la llevó al Hospital Papa Francisco, del barrio Solidaridad, en la capital salteña, porque le dolía la panza. Le hicieron análisis de sangre y orina, buscando un problema en el hígado o gastrointestinal. La mamá los muestra. Tienen fecha del 17 de febrero. En ese momento, la gestación llevaba 8 semanas aproximadamente. Pero le dijeron que la nena estaba constipada, que tenía materia fecal atascada, recuerda. Si en ese momento la hubiera atendido un equipo interdisciplinario atento, preparado, para ver más allá, quizás podría haber sospechado, captado algún otro síntoma –que seguramente exhibía– de los abusos y pensar en la posibilidad de un embarazo forzado. Pero nada de eso pasó y la mandaron a la casa. 

La nena tenía otra mierda atascada: las palabras, la posibilidad de contar, de romper el silencio y decir que eso que le venía haciendo la pareja de su mamá, no le gustaba. Es probable que la tuviera amenazada para callar. Como suelen hacer los perpetradores de abuso sexual a niñas. La mayoría de estos episodios ocurren en el ámbito intrafamiliar. La nena ahora juega con su hermanita más pequeña. Su mamá muestra que también le indicaron otros análisis de sangre y orina en marzo: tienen fecha del 15 de marzo. Tampoco ahí se buscó constatar un embarazo. Ya rondaba las diez semanas. 

El aborto en esa instancia hubiera sido más sencillo. Incluso, con el marco normativo restrictivo que impuso hace seis años el gobernador peronista Juan Manuel Urtubey, hubiera podido interrumpir esa gestación en un hospital salteño, siempre y cuando, claro, no le pusieran algún otro obstáculo arbitrario e ilegal. ¿Le habrían informado sobre el derecho a un aborto en casos de violación en el mismo hospital? 

La asesora de Incapaces, Patricia González, le hizo firmar a la madre, su beneplácito para continuar con la gestación. Lo hizo antes de que Urtubey derogara, el jueves, el protocolo restrictivo que establecía un límite de 12 semanas para el aborto en casos de violación. Es probable que también le haya dicho que en Salta no tenía derecho a un aborto porque superaba ese plazo. Después del escarnio público que forzó al gobernador a adherir al Protocolo Nacional, que sigue los lineamientos de la Corte Suprema para casos de abortos legales, la mamá recibe insistentes llamados de funcionarios públicos del gobierno salteño, para preguntarle si ahora la nena va a abortar. ¿Se puede ser tan perverso?

Apenas unos días antes, a la mamá le dijeron que con un aborto “van a morir los dos”, en referencia a la nena y el producto de la violación. ¿Se lo dijeron funcionarios públicos del hospital Materno Infantil de Salta, donde le detectaron finalmente la gestación el 9 de mayo, a la semana 19 o de Tribunales? Qué importa a esta altura. La mujer, claro, está aterrada. No quiere que su hija corra riesgos. Pero los corre. 

Primero la violó un varón. Después, el Estado, con sus tentáculos patriarcales. 

La nena pesa alrededor de 32 o 35 kilos, según estimaron quienes la vieron. Con ese peso va a cursar un embarazo de alto riesgo. El aborto, con casi 22 semanas de gestación, tampoco sería un procedimiento sencillo, aunque no imposible. ¿Quién está en condiciones de tomar la mejor decisión, poniendo por delante el interés superior de la niña, que sin dudas es su salud, física y psíquica? Pienso en esa madre, en esa nena, en su abuela y en tantas otras nenas abusadas, embarazadas, despojadas de sus derechos, con un Estado que les da la espalda, que las ignora. Y lloro.

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