En los primeros siete meses del año, el Poder Judicial provincial recibió casi dos de cada tres expedientes de desalojo que se contabilizaron durante todo 2025. La cifra se da en medio del debate por una reforma que aceleraría estos procesos.
De las 199 causas ingresadas hasta el 24 de julio, 160 corresponden al Centro de Salta y 39 al interior de la provincia, según datos relevados por el Poder Judicial. A modo de comparación, durante 2025 se registraron 297 expedientes y en 2024, 275. Cabe aclarar que el ingreso de una causa no garantiza que termine en un desalojo efectivo.
El debate por el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, que obtuvo media sanción en el Senado nacional, propone acelerar estos procesos mediante un procedimiento sumarísimo. La iniciativa aún debe ser tratada por la Cámara de Diputados. Alberto Córdoba, director general de Defensa del Consumidor y Atención al Inquilino de la Municipalidad de Salta, indicó que la reforma impactaría directamente en los tiempos de tramitación.
«Actualmente un juicio de desalojo se tramita en un proceso ordinario que demora entre 18 a 24 meses», afirmó Córdoba. Según explicó, bajo la reforma «va a pasar a tramitarse en un juicio sumarísimo, que se celebra en una sola audiencia» y el plazo de ejecución estaría entre los dos y seis meses, como señaló a El Tribuno. Córdoba aclaró que los mecanismos más ágiles que se aplican actualmente corresponden a situaciones particulares con medidas cautelares o peligro en el retardo de justicia.
En paralelo, la Municipalidad realiza audiencias de conciliación para resolver conflictos antes de que escalen a la Justicia. Actualmente se realizan diez audiencias por semana, y llevan aproximadamente 80 en lo que va del año, con proyección de entre 150 y 160 para todo 2026. Esto representa un crecimiento del 40% respecto a 2025. De 34 casos vinculados con desalojos analizados en un período determinado, 26 llegaron a acuerdo entre propietarios e inquilinos.
Los problemas más frecuentes están vinculados con la actualización del alquiler, atrasos en los pagos, arreglos al finalizar contratos y devolución de depósitos en garantía. Córdoba señaló que entre el 30% y 40% de las denuncias corresponden a relaciones de alquiler informales, sin contrato firmado. Esta situación deja a los inquilinos en mayor vulnerabilidad y dificulta la protección de sus derechos.
Los adultos mayores con ingresos previsionales limitados conforman un grupo particularmente vulnerable. Córdoba señaló que algunos llegan a situaciones de desalojo cuando los aumentos de alquiler superan su capacidad de pago. Un estudio del Instituto Provincial de Vivienda de fines de 2025 indicó que entre el 60% y 70% de las solicitudes de vivienda corresponden a situaciones habitacionales sin contrato formal, como viviendas prestadas por familiares o acuerdos verbales.