El documento lleva la firma del gobernador Sáenz y los ministros del gabinete. El arancelamiento es para residentes transitorios y precarios. La atención de urgencia o emergencia está garantizada.
Se trata del decreto de necesidad y urgencia N°129. El mismo establece que los extranjeros que pertenezcan a las categorías de residentes transitorios y precarios contribuyan también a solventar los gastos que genera su atención sanitaria en los centros de salud provinciales ya sea por sí mismos o a través de un seguro de salud.
El documento fue rubricado por todos los Ministros y prevé que la atención sanitaria a los extranjeros en casos de urgencia o emergencia (cualquiera sea la categoría que éstos revistan), no podrá serles negada ni restringida, toda vez que se trata de una cuestión humanitaria.
En el sitio oficial del gobierno se relaciona la medida con la crisis económica que atraviesa el país y los impactos en la provincia: merma en su erario por el recorte de las transferencias nacionales y la disminución de la recaudación producida por la propia crisis económica; o el alto índice inflacionario que encarece día a día los insumos, medicamentos y elementos necesarios para garantizar la atención sanitaria.
“Es necesario hacer referencia como antecedente, que llegan a organizarse desde diversos países “tours sanitarios» que ofrecen atención en los hospitales del sistema público provincial, requiriendo en muchos casos tratamientos prolongados y de altos costos como así también cirugías, cesáreas, entre otros que no son circunstanciales sino programados, por lo que es imperioso brindar una solución normativa razonable y acorde a las premisas constitucionales y normativas aplicables en la materia, para proteger la sustentabilidad y funcionamiento adecuado del sistema de salud pública, todo ello frente a la problemática diaria que vive la provincia en sus centros asistenciales públicos” destaca el parte oficial.
La Autoridad de Aplicación del DNU será el Ministerio de Salud Pública de la Provincia de Salta, quien queda facultado a llevar a cabo todas las acciones y dictar la normativa necesaria para su plena operatividad. Además, será quién fijará los aranceles de cada una de las prestaciones, debiendo mantenerlos actualizados y ser informados a quienes lo requieran.
