La medida fue dispuesta por el Plenario Secretarías Generales de la CONADU Histórica la semana pasada. ADIUNSa había mocionado el repudio al veto presidencial a la Ley de Movilidad Jubilatoria.
El proyecto de Ley que todavía requiere la media sanción del senado nacional, plantea que el Poder Ejecutivo debe actualizar las partidas presupuestarias de las Universidades al 1 de enero de 2024 y hasta el 31 de diciembre de 2024 destinada a gastos de funcionamiento, de forma bimestral y en función del IPC.
También establece la recomposición salarial de docentes y nodocentes a partir del 1 de diciembre de 2023 y hasta el 31 de diciembre de 2024, de forma mensual y conforme a la inflación acumulada informada por el INDEC. “Si bien entendemos que este proyecto de ley no da una solución de fondo al problema de las Universidades Nacionales, y que el mismo está acotado a 2024, nos parece un avance en el camino a un abordaje más complejo” destaco oportunamente el gremio de los docentes e investigadores de la UNSa.
La semana pasada, los gremios universitarios había previsto que en caso de que la ley no se apruebe el 5 de septiembre – algo que finalmente no ocurrirá – se propondría al Frente Sindical de Universidades Nacionales coordinar un paro nacional de 72 horas para la semana del 9 septiembre con acciones visibilización.
Finalmente se ratificó la convocatoria a una Marcha Nacional en Defensa de la Universidad Pública -coordinando con el conjunto de la comunidad universitaria- proponiendo que la misma se realice para la semana del 16 de septiembre.
