La fiscal de Delitos Económicos solicitó elevar a juicio una causa que se inició con una denuncia realizada por un movimiento social. Se relaciona con obras públicas que el jefe comunal certificó como terminadas sin estarlo.
Quien dio detalles del asunto es el abogado del movimiento social denunciante, Héctor Leccese. El letrado recordó que el jefe comunal cuenta con numerosas denuncias – algunas en etapa de investigación y otras directamente paralizadas – que fueron radicadas en la Unidad de Delitos Económicos de Salta. Una de ellas lleva el nombre LI 30/21 y fue realizada por el Movimiento Social Resistencia Calchaquí e involucra a una obra de viviendas denominado «Módulos 2».
“Una obra no finalizada pero que el intendente – en octubre de hace dos años – firmó un certificado diciendo que la obra estaba realizada tanto el agua, como en luz, cloaca y todo lo que tiene que ver con lo que una persona necesita para vivir dignamente. En consecuencia, la fiscal de delitos económicos encontró mérito suficiente para elevar la causa a juicio. Esto significa que una resolución firmada por ella como directora de la investigación, le pide a la jueza que interviene que la causa sea elevada a juicio. Ahora es el juzgado el que debe hacer la elevación”, relató el letrado.
“Junto con la fiscalía vamos a tratar de apurar – lo máximo que se pueda – los tiempos para que el juicio llegue rápidamente a convertirse en una realidad”, adelantó Leccese a los medios cafayateños.