Sobre el exintendente de Rosario de Lerma y actual Senador provincial pesa otra demanda por corrupción. Ahora es la provincia quien le reclama la devolución de $341000, suma que debía usar para un proyecto cooperativo que nunca nació.
Las denuncias contra el exintendente de Rosario de Lerma no tienen fin. A las numerosas que dieron lugar a la famosa “causa contra los intendentes”, le siguieron las realizadas por el actual intendente del municipio – Ignacio Jarsún – quien, al asumir el gobierno de esa ciudad en diciembre del 2015, denunció cosas como la siguiente: que las retenciones que Sergio Ramos realizaba a los proveedores del municipio, en vez de transferirse a la Dirección General de Rentas, simplemente desaparecían, siendo ahora la gestión Jarsún quien debe pagarlas.
Pero confirmando que las cosas siempre pueden estar un poco peor, el mismo municipio recibió el pasado jueves 24 de mayo otro bombazo que pone en riesgo sus estrechas arcas por los actos delictivos de Sergio Ramos. La causa ya había sido denunciada por Jarsún, aunque ahora la demanda es impulsada por la propia provincia con la siguiente carátula “Provincia de Salta C/ Ramos, Sergio Omar; Municipalidad de Rosario de Lerma” y está en manos del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo 2ª Nominación. La misma empezó a promoverse en agosto del año pasado y reclama a Sergio “Topo” Ramos pero también a la municipalidad de Rosario de Lerma “devolver a la Provincia de Salta la suma de $341715 (…) más sus intereses y gastos”.
¿De dónde surge la demanda? Todo empezó con un expediente que en el año 2013 ingresó a la Secretaria de Economía Social y Empleo de la provincia. Lo remitía ese municipio a través del entonces intendente Ramos, quien solicitaba un estudio de viabilidad del proyecto denominado “Edificar” para la localidad vallista; proyecto que según expresaba el entonces intendente devendría en una cooperativa cuyo objetivo central era la construcción de viviendas “económicas del interés social” (léase prefabricadas) posibilitando la generación de 13 empleos.
Ramos cumplió todos los pasos administrativos, remitió también la nómina de quienes formarían la cooperativa, planos de cómo se realizarían las construcciones en predios del municipio y – por supuesto – envió presupuesto para todo: el costo que cercar el terreno municipal donde se instalaría la cooperativa; construcción edilicia; gastos para la adquisición de insumos, muebles, maquinas, elementos de protección personal y hasta del costo que tendría cada vivienda social.
La suma total ascendía a $341715 que el Ministerio de Trabajo aprobó en el marco del Programa Descentralizado de Generación de Empleo y Formación Profesional. El desembolso se efectivizó mediante dos pagos: uno de $250715 y otro de $91000. Pero desde entonces y a pesar de los múltiples pedidos del Estado provincial, el ex intendente municipal y ahora senador nunca rindió cuentas del uso que hizo de ese dinero. Es más, la demanda aclara que la provincia le llegó a solicitar audiencias de mediación a la que el demandado nunca se presentó obligando a la provincia a promover la demanda a fin de exigir la restitución de esos fondos.
Lo que el escrito no dice es algo que todo rosarino sabe: ese dinero en manos de Sergio Topo Ramos simplemente se evaporó porque no hay cooperativa, ni playón de producción de placas para la construcción de casas prefabricadas y ni siquiera un cerco en el predio municipal que debía hacer de lugar de trabajo.
