Se trata del edificio conocido como el «Comando Radioeléctrico» ubicado en San Salvador de Jujuy.
El lunes pasado demolieron la mayor parte del edificio donde funcionó el centro clandestino de detención, tortura y exterminio “Comando Radioléctrico” durante la última dictadura cívico militar. Ello motivó la denuncia que se radicó en contra de Gerardo Morales y parte de su gabinete por incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos, según publicó hoy el medio Página 12.
“Los hechos se encuentran en franca violación a la Ley nacional 26.691, Ley de Sitios de Terrorismo de Estado”, plantea la regional jujeña de H.I.J.O.S. en la denuncia que presentó el martes ante el Juzgado Federal número 2 contra Morales, el ministro de Gobierno, Agustín Perassi; su par de Infraestructura, Carlos Stanic, el director general de Arquitectura, Horacio Calsino, la secretaria de Derechos Humanos de Jujuy, Marcela Infante y su predecesora, Susana Haquin.
Para Eva Arroyo, presidenta de la Asociación H.I.J.O.S. de Jujuy, la destrucción del CCD “no fue por desconocimiento”, sino que el Ejecutivo jujeño “se maneja de manera autoritaria y arbitraria, pero no dimensionó que los organismos de derechos humanos, en particular H.I.J.O.S., hace casi 27 años que estamos en esta lucha y no vamos a permitir que las demandas y las conquistas sean pasadas por encima con una topadora”.
«El lugar había sido señalizado por la Secretaría de Derechos Humanos, es decir que no había posibilidad de confusión. Existen varios testimonios que denuncian que allí se interrogaron y secuestraron compañeros, hay un consenso transversal y que incluye a todo el arco político acerca de que esos lugares sean preservados porque son prueba judicial pero también como memoria de lo que sucedió para que la historia no vuelva a repetirse», señaló el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti.
