Lo formalizaran hoy mediante una conferencia de prensa en el Bar Los Tribunales. Mañana martes 6 de mayo, está previsto el arribo a Tartagal de integrantes de las Fuerzas Armadas en el marco del “operativo” anunciado por Bullrich y Sáenz.
El operativo anunciado en Tartagal por la ministra de Seguridad nacional y el gobernador de Salta prevé sumar un total de 10.000 efectivos del Ejército, Gendarmería, Prefectura y la Fuerza Aérea en distintas localidades fronterizas de Jujuy, Salta, Formosa y Corrientes. De ese total la idea de las autoridades es que al menos 1.300 efectivos se queden de forma permanente en las áreas de intervención. En Salta, estas áreas incluyen las localiddes de Tartagal, Aguaray.
Varios partidos de izquierda y organismos de Derechos Humanos repudiaron el operativo y enfatizaron que lo “más peligroso es que el gobierno de Milei en acuerdo con Sáenz, los autoriza a través del Decreto 1112/24 a proceder a la aprehensión transitoria de personas que se encuentren cometiendo delitos en flagrancia”, algo similar a lo ocurrido en “el 2001 con la militarización de Tartagal y Mosconi a través de la Gendarmería, con la que reprimieron al pueblo del Departamento San Martin, encarcelando docentes, trabajadores de YPF y asesinando a 5 trabajadores del movimiento piquetero”.
Tras asegurar que los asesinatos de Fernando Gómez en Salta e Ivo Torres en Jujuy son dos ejemplos de la impunidad que le otorga Bullrich a las FF.AA, los firmantes remarcaron que justifica el montaje represivo en nombre de la lucha contra el narco y las redes de trata “es una estafa al pueblo porque el nivel de entrelazamiento del narcotráfico con policías, jueces, gendarmes e intendentes es abrumador. Es el mismo estado que implementó un blanqueo que permitió a las redes de narcotráfico legalizar su dinero espurio; o en el caso de Sáenz, que le viene garantizando la impunidad a su funcionario Benjamín Cruz, ex Secretario de Seguridad, conocido por sus vínculos con sicarios y jefes de los carteles de Orán”, indicaron.
Tras señalar que el decreto presidencial viola la ley de Defensa, la Ley de Inteligencia y la Ley de Seguridad Interior, las organizaciones denunciaron que bajo el pretexto de guerra al narcotráfico, lo que se pretende es profundizar la represión y el control social en el marco de un brutal ajuste contra el pueblo. “Denunciamos que, con un decreto ilegal, se abre la puerta para la utilización de las Fuerzas Armadas en la represión interna en la Argentina. Denunciamos la complicidad del Gobernador de Salta Gustavo Sáenz con este hecho gravísimo y a la llamada oposición, que no ha hecho lo necesario para cuestionarlo en el Congreso”, manifiestan en el documento para luego llamar al “arco político a movilizarse y repudiar ésta avanzada represiva”.
Entre los firmantes se encuentran en Centro Comunitario Alfa, la Comisión de Familiares de Gatillo Fácil de Salta, la Asociación de DDJJ Coca Gallardo, el Programa La madre que las pario, el Plenario de los Trabajadores Jubilados, el PRML, la agrupación Rebelión Popular Facundo Molares, el PTS y el Partido Obrero.
La conferencia de prensa en Bar Los Tribunales será hoy a las 10 horas.
