Se trata de la médica Betina Andrea Saracino, quien habría cometido el delito de “negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función, en carácter de autora”.
La semana pasada fue imputado el gerente de HemoSalta, Martín de la Arena. También por el caso de la venta de plasma a pacientes de Covid-19. Hoy la responsable de Hemoterapia de la Provincia, fue citada por la Justicia para la audiencia de imputación. Esa noticia llegó hasta la prensa nacional y medios como Clarín cubrieron la noticia.
La publicación del medio porteño asegura lo que en Salta ya se conocía semanas atrás: Saracino fue designada al frente del centro regional de hemoterapia el 1 agosto. Luego retoman datos difundidos por medios judiciales en cuanto a la investigación por la venta de plasma: el Centro de Hemoterapia Regional revela que entre el 1 de agosto y el 6 de octubre de este año, el Centro Regional de Hemoterapia envió 36 unidades de plasma convaleciente Covid, de un total de 309 unidades de hemocomponentes, al “Servicio De Medicina Transfusional Salta”.
Lo que dice la Justicia
El fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Leandro Flores imputó a la médica Betina Andrea Saracino, por la comisión del delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función, en carácter de autora.
El fiscal tuvo en cuenta que en su carácter de Directora del Centro de Hemoterapia Regional de la Provincia de Salta, Saracino “no sólo incumplió la normativa que regula las incompatibilidades y prohibiciones de los funcionarios designados en cargos políticos y designaciones con carácter de autoridad superior del Poder Ejecutivo fuera de escalafón (Según Decreto Nº 998/08), sino que, además, habría intervenido simultáneamente como Directora de la empresa privada denominada Servicio de Medicina Transfusional Salta, -entidad habilitada para la realización de servicio transfusional hospitalario-, en la recepción de unidades de hemocomponentes derivadas desde el organismo público (CRH) para la ejecución del servicio”, señala el Ministerio Público Fiscal de Salta.
Además detallan que en el decreto de imputación, consta “que en el marco de la investigación iniciada de oficio como “Noticia Criminis”, se requirió informe al Centro de Hemoterapia Regional; a la Clínica Virgen de Urkupiña; al Ministerio de Salud (copia del convenio celebrado con empresa Servicio de Medicina Transfusional; copia del Expediente de dicha empresa, constitución y sus posteriores modificaciones y al Instituto Provincial de Salud de Salta”.
Para imputar a Saracino, Flores consideró que “se desplegaron todos los elementos que constituyen el delito imputado, violentándose el bien jurídico protegido, que es la administración pública y que se comprobó, prima facie, la existencia de una situación simultánea de parte y de funcionaria, a sabiendas que se está interviniendo en un contrato u operación como funcionaria pública y la voluntad de tomar intervención en ellos, a la vez, de forma privada”.
