Marina Juana Gilías acusó a Gladys González y Gerardo Argañarás de alentar ocupaciones ilegales en un predio de 12 hectáreas del barrio 28 de Marzo. Los hechos ocurrieron pese a una medida cautelar que prohíbe nuevas ocupaciones en el terreno.
Marina Juana Gilías presentó esta semana una denuncia penal contra los concejales Gladys González y Gerardo Argañarás por su presunta participación en la instigación de usurpaciones en terrenos de su familia. Los hechos habrían ocurrido en un lote de aproximadamente 12 hectáreas ubicado en el barrio 28 de Marzo, que se encuentra en proceso sucesorio bajo el expediente judicial 46092/17.
La denunciante sostiene que ambos ediles, junto a Nicolás López —identificado como integrante de RENABAP— ingresaron al predio acompañados por un periodista y mantuvieron encuentros con los ocupantes irregulares. Según la acusación, estas visitas tenían como propósito incentivar a los intrusos a permanecer en el lugar, pese a la existencia de una medida cautelar vigente que prohíbe nuevas ocupaciones.
La información fue difundida por Nuevo Diario, que dio cuenta de los pormenores del caso que involucra a representantes del poder legislativo municipal. La medida cautelar mencionada, identificada como EXP 918475/25, establece restricciones en el predio y exige a los funcionarios públicos abstenerse de intervenir en el conflicto, especialmente en carácter de autoridades.
Además de la presentación judicial, los denunciantes dirigieron una comunicación al presidente del Concejo Deliberante local, Ricardo Torres, para informar oficialmente sobre la situación. En la nota solicitan que se investigue internamente la posible responsabilidad de los concejales y se garantice el cumplimiento de las disposiciones judiciales vigentes.
El caso generó repercusiones en la comunidad al cuestionar la actuación de representantes municipales en un conflicto legal por tierras. La propiedad afectada está registrada con los catastros N° 4367 y 4362, y abarca la zona delimitada por las calles Bartolomé, 25 de Mayo y Fragata Libertad. La familia Gilías afirma poseer la documentación que acredita la titularidad y exige el cese de cualquier intento de avance sobre el terreno en disputa.
