Carlos Martínez quedó inhabilitado, además, por cuatro años para ejercer cargos públicos. Otros dos acusados también recibieron condenas en el mismo juicio abreviado por cohecho y entorpecimiento.
El ex intendente de Aguas Blancas, Carlos Alfredo «Conejo» Martínez, fue condenado a un año y dos meses de prisión de cumplimiento efectivo y a cuatro años de inhabilitación para ejercer cargos públicos por los delitos de violación de secretos y entorpecimiento de acto funcional. La defensa del ex funcionario argumentó que su crítico estado de salud impide el cumplimiento inmediato de la pena, por lo que quedó en libertad.
La condena se dictó durante una audiencia de juicio abreviado ante el Tribunal de Juicio Sala 1 de Orán, solicitada por los propios acusados para confesar los hechos. Las fiscales Daniela Murua y Mariana Torres y los fiscales Daniel Espilocín y Carlos Salinas representaron al Ministerio Público Fiscal durante la audiencia.
Martínez reconoció haber recibido información confidencial del abogado Roberto Ortega Serrano sobre la investigación del crimen de su hermano, conocido como «Oreja» Martínez. El ex intendente admitió que difundió esos datos a terceros, vulneró la reserva judicial, borró información de sus dispositivos electrónicos e influyó sobre testigos para que modificaran sus declaraciones.
Roberto Ortega Serrano, abogado local, también fue condenado a dos años y seis meses de prisión de cumplimiento condicional por su intervención en dos hechos de cohecho activo, además de violación de secretos y entorpecimiento de actos funcionales. La investigación probó que pagó dádivas a un magistrado y a su secretario para obtener beneficios procesales indebidos para sus defendidos, incluida la detención domiciliaria de César Daniel Martínez, imputado por tentativa de femicidio, y la libertad de Matías Ezequiel Chaile, actualmente prófugo y acusado de matar a una mujer mientras conducía una camioneta.
Ortega Serrano admitió haber accedido indebidamente a un expediente judicial y obtenido información reservada sobre allanamientos, secuestro de celulares y declaraciones de testigos. Compartió parte de esos datos mediante WhatsApp, lo que permitió a los investigados anticiparse a las medidas fiscales y alterar el curso de la investigación.
Héctor Manuel Alderete recibió una condena de dos años y ocho meses de prisión condicional e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Reconoció haber actuado como intermediario en dos episodios de cohecho pasivo agravado, aprovechando su condición de empleado de la Defensoría de Violencia de Género y su relación de amistad con el magistrado destituido, según informó el Ministerio Público Fiscal de Salta. Los tres condenados llegaron al juicio abreviado tras permanecer un año y dos meses con prisión preventiva.
Resta juzgar a Claudio Alejandro Parisi, ex juez de Garantías destituido que permanece detenido, y al secretario letrado, bajo prisión domiciliaria, quienes optaron por la realización de un juicio oral y público.