Walter Soriano, delegado del INADI en Jujuy, expresó su preocupación por la situación en la vecina provincia y denunció falta de diálogo por parte del gobierno de Gerardo Morales. Si bien señaló que no hubo denuncias formales ante el organismo por parte de las comunidades originarias que se movilizan en rechazo a la reforma constitucional, sí consideró que la política del Ejecutivo es ir en contra de los pueblos que se organizan.
En Jujuy, la tensión y el clima de protesta continúan, según declaraciones de Walter Soriano, delegado del INADI en la provincia que conversó con el programa CUARTO OSCURO (FM La Cuerda 104.5). Gran parte del territorio se encuentra con rutas cortadas, tanto en la Quebrada, Puna, Valles y Yungas, mientras que en la capital se concentran en el Servicio Penitenciario de Alto Comedero, donde fueron trasladados los detenidos de la represión del 20 de junio. Diversos sindicatos, tanto del sector estatal como privado, siguen exigiendo la derogación de la reforma constitucional y el aumento salarial.
La reforma constitucional llevada adelante por el gobernador Gerardo Morales ha generado controversia en Jujuy. Aunque se eliminaron dos artículos luego de las primeras protestas, Soriano señaló que los cambios no abordan las demandas fundamentales de las comunidades originarias. Temas como las tierras fiscales, los recursos naturales y el dominio del agua siguen en manos del poder ejecutivo, sin considerar la participación y derechos de las comunidades. Además, el diálogo por parte del gobierno provincial es escaso, lo que profundiza el malestar.
Ante la posibilidad de impugnar la reforma constitucional, Soriano mencionó que se ha realizado una denuncia ante la OIT por parte de la CTA y otros sindicatos, pero aún no se han presentado acciones legales en los tribunales locales o federales. La falta de un pronunciamiento claro por parte del Poder Judicial jujeño en defensa de los derechos y el estado de derecho complica aún más la situación.
El protagonismo de las comunidades originarias en las recientes jornadas de protesta es destacable. Soriano explicó que aproximadamente el 60-70% de la población en Jujuy tiene raíces indígenas, y el problema de las comunidades ha sido histórico. Los constantes ataques, despojos de tierras y limitaciones a sus derechos han llevado a una respuesta contundente de las comunidades. La falta de soluciones y la injusticia sufrida han generado un quiebre en el miedo, lo que se ha visibilizado en las protestas.
“Prácticamente desde el momento que se anunció la reforma, desde las comunidades, recibimos consultas en el INADI, sobre qué opinamos, hubo diálogo, gestiones inclusive para pedir y ver si existía la posibilidad de acceder a que tengan voz en esta Asamblea Constituyente que se llevó adelante, no fuimos escuchado pero desde la postura que nosotros tenemos es una clara, digamos, postura racista por parte del proyecto porque no se le tiene en cuenta, no se le da voz a las comunidades originarias”, expresó Soriano.
Aunque el gobernador Morales aseguró haber hablado con más de cien comunidades que dieron su aval para realizar esta reforma constitucional, Soriano cuestionó tal afirmación. Según su experiencia, explicó que la gran mayoría de las comunidades no está de acuerdo con las acciones del gobierno y no se sienten representadas. Así también acusó que Morales utiliza diversas estrategias para invisibilizar y deslegitimar la lucha de la gran mayoría de las comunidades originarias que habitan el territorio hoy conocido como Jujuy.
