Carlos Zapata, Emilia Orozco y Julio Moreno firmaron una propuesta para avanzar con una idea que el presidente y la vicepresidenta intentaron impulsar en 2022.
Los tres diputados nacionales por Salta de La Libertad Avanza, Carlos Zapata, Emilia Orozco y Julio Moreno, firmaron un proyecto para derogar la Ley 26.160 de Emergencia territorial indígena, sus modificatorias y complementarias y decretos reglamentarios.
La propuesta ya había sido presentada en 2022 por Javier Milei y Victoria Villarruel. Los salteños reconocen que la iniciativa es una copia de aquella y reproducen los mismos fundamentos que los actuales presidente y vicepresidenta de la Nación esgrimieron en ese momento.
«Dicha ley, sancionada en 2006 tiene más de 15 años de aplicación bajo el paraguas de la “Emergencia”, delegándole al Poder Ejecutivo Nacional bajo su brazo instrumentador, en este caso el INAI – Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, una serie de exhaustivas prerrogativas para la concreción de sus fines que desde hace tiempo han revestido una serie de informalidades en el obrar de su materia, por lo que resulta ostensible que esta ley no cumple de la manera que debiera la función que la Constitución Nacional le ha conferido», aseguraban Milei y Villarruel.
«El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, que es el encargado de instrumentar la ley que mediante este proyecto pretendo derogar, ha incurrido en varias ocasiones en errores de paupérrima gestión a la hora de otorgar territorios federales a comunidades indígenas, bajo el amparo de la ley 26160», agregaban.
«Esta situación de profunda gravedad para la integridad territorial y la vigencia del derecho de propiedad ambos protegidos por nuestra Constitución Nacional encuentra un caso más en la disputa de terrenos de la Escuela Militar de Montaña creada por el General Perón, donde el INAI dictaminó a favor de una supuesta comunidad mapuche el otorgamiento de tierras afectadas al entrenamiento y custodia de las Fuerzas Armadas», seguían.
Los salteños no agregaron nada nuevo al proyecto. «Los fundamentos brindados por los autores de la iniciativa legislativa, tan bien planteados que no necesitan que nos explayemos acerca de la conveniencia de derogar la ley, y de la afectación al interés público que significaría el permitir que continúe en vigencia», aseguran al final de la presentación.
