Karin Lago era la única técnica de la delegación local del INADI que formaba parte de la planta permanente. Desde agosto que no percibe su sueldo. La situación se repite con otras 33 trabajadoras de todo el país.
El Decreto 696/2024 del pasado 6 de agosto supuso – en palabras del vocero presidencial Manuel Adornis – la “muerte administrativa” del Instituto que en Salta diagramó y convirtió en leyes y ordenanzas políticas para combatir la xenofobia, el racismo y la discriminación. La tarea era realizada por su delegado y cuatro profesionales: tres contratados y una persona de planta permanente. Karin Lago era esta última. “Nosotros concursamos en el 2019 y fuimos 101 los empleados [de todo el país] que quedamos en planta permanente” relató Lago al programa Cuarto Oscuro que se emite por FM La Plaza (94.9).
No obstante, Lago también vive desde la asunción de Javier Milei en un limbo del que parece condenada a no salir. “Las contrataciones que tiene el Estado son los llamados ‘artículos 9’, ‘planta transitoria’ y ‘planta permanente’. Las compañeras de planta transitoria y los ‘artículos 9’ todavía no fueron desvinculados formalmente, pero todos, nosotros incluidos [planta permanente] aun no cobramos el sueldo de agosto. Los de planta permanente y transitoria teníamos un sueldo en negro que se llamaba ‘el incentivo’ que sí cobramos pero sólo por los días de agosto en que el Instituto aún tenía existencia legal” manifestó la mujer en relación a los seis días. “El sueldo en blanco todavía no fue liquidado”, denunció.
No es el único problema con el que cargan quienes se desempeñaban en el INADI. Karin Lago explicó que forma parte de un grupo nacional de 33 empleados de planta permanente que tampoco tienen tareas asignadas. “El 14 de agosto sale otra Resolución que nos deja en condición de ‘disponibilidad’, porque al ser planta permanente podemos ser reubicados. Quedamos así todos los empleados de las provincias que fueron vaciadas completamente. Solo quedaron quienes eran delegados gremiales, el resto no. Estamos en un limbo”, indicó. Puesta a opinar si lo que ocurre es producto de la simple impericia o una estrategia de la administración para desgastarlos emocionalmente, la entrevistada optó por lo último. “Quieren que nos cansemos y nos demos de baja, que renunciemos nosotros. Eso es lo que están buscando”.
Consultada sobre la existencia o no de interlocutores a los que puedan recurrir para resolver el problema, la profesional manifestó que hablan “con los gremios, pero nos dicen que tenemos que tener paciencia y esperar. Son los que nos deberían acompañar, pero no están. Sé que ATE nacional presentó una nota y una denuncia porque es inconstitucional lo que están haciendo, pero después de eso nada más” lamentó la mujer que informó que hoy remitiría una intimación judicial al ejecutivo para que al menos le abonen su salario.
